Esta pregunta seguro que ha sido formulada en varias ocasiones por el lector. Y desde luego no tiene una fácil respuesta, aunque intentaremos arrojar un poco de luz sobre la cuestión para que el lector pueda extraer sus propias conclusiones.
Para comprender lo que ocurre debemos remontarnos décadas atrás, cuando las políticas neoliberales implementadas por los gobiernos de Felipe González y José María Aznar privatizaron las empresas públicas de energía, dando lugar a la creación de los monopolios privados energéticos que todos conocemos (Endesa, Naturgy…). Desde entonces, los precios de la electricidad no han parado de subir así como también los beneficios de estas grandes empresas no han dejado de aumentar.
Pero… ¿por qué se produce esto? Lo cierto es que V. I. Lenin ya señaló hace más de 100 años en su famosa obra “El imperialismo, fase superior del capitalismo”, que desde finales del siglo XIX y principios del XX, el capitalismo había alcanzado su fase ulterior, caracterizada por la máxima concentración de capitales en un puñado de grandes empresas industriales-financieras que controlaban toda la economía mundial e imponían sus intereses capitalistas, basados en la obtención del máximo beneficio, a los diferentes gobiernos de los países capitalistas. Además, Lenin denunciaba ya un fenómeno muy actual: nos referimos al de las denominadas “puertas giratorias” (políticos que acaben en los consejos de administración de dichas empresas), un ejemplo de muchos que manifiesta la connivencia existente entre estos monopolios privados y los estados capitalistas. La fusión del capital industrial y financiero permitió la salida a bolsa de las diferentes empresas capitalistas; en consecuencia, la especulación financiera, unida a la desregulación económica implementada por los gobiernos, alcanzó cuotas nunca vistas, produciéndose el fenómeno conocido como “financiarización de la economía” (supremacía del mundo financiero sobre la economía productiva y la especulación financiera como la base del sistema económico capitalista). Por tanto, la especulación generalizada es la causa de las crisis económicas que tan periódicamente venimos sufriendo desde los años setenta del siglo XX. Concretamente, esta especulación se manifiesta en la subida artificial de los precios, previo pacto entre los diferentes monopolios, para obtener el máximo beneficio. Por ejemplo, el pasado agosto el oligopolio eléctrico vació los embalses españoles para producir energía a bajo coste y venderla luego a alto precio, aumentando de esta forma sus beneficios a costa del bolsillo de los consumidores.
Por tanto, como hemos visto, dichos monopolios imponen sus intereses gracias a su gran poder e influencia sobre los gobiernos. Incluso los gobiernos de izquierda, como el actual gobierno de España, no están libres de ello. Como dijo uno de nuestros grandes genios literarios (Quevedo): “Poderoso caballero es don Dinero”. Además, si añadimos las contradicciones que existen en el seno del propio gobierno -el PSOE es la fuerza hegemónica, partido que como hemos indicado anteriormente fue artífice de la privatización de empresas públicas de energía- entenderemos por qué el gobierno actual es incapaz de tomar las medidas necesarias.
Pero entonces, ¿cómo podemos afrontar esta situación? En primer lugar, las masas trabajadoras y populares, que son quienes más sufren las consecuencia de las políticas especuladoras de los monopolios capitalistas, tienen que organizarse contra la subida de los precios de la electricidad así como también contra la carestía de la vida en general exigiendo al gobierno que tome medidas encaminadas a la única solución posible de esta problemática: la nacionalización de los monopolios capitalistas y de los sectores estratégicos de la economía como la banca. Por tanto, la solución a esta cuestión no es crear una empresa pública que “compita” en los mercados con las empresas privadas o que intente regular los precios. La nacionalización de las grandes empresas es necesaria y también es posible con la legislación vigente. La propia Constitución Española permite la nacionalización de empresas en favor de los intereses nacionales así como también la planificación pública de la economía. La energía es un recurso de primera necesidad y por ello no se puede especular con ésta. No es democrático especular con los derechos fundamentales, tampoco lo es imponer los derechos particulares empresariales a los intereses de todo el pueblo. Es inaceptable que familias trabajadoras se queden sin suministro energético y sin acceso a la vivienda mientras las grandes empresas y la banca especulan con el precio de la energía y la vivienda. Por tanto, es indispensable que el Estado otorgue acceso universal y gratuito a la energía a través de las empresas nacionalizadas.
Ya es hora de organizar el poder popular frente a la dictadura de los monopolios y las multinacionales capitalistas que explotan y oprimen a las masas trabajadoras.
