La Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula el procedimiento para la presentación telemática de las autoliquidaciones y de los documentos anejos correspondientes a los tributos gestionados por la Administración Tributaria regional, entrará en vigor este jueves.
La presentación telemática de las autoliquidaciones y de los documentos anejos podrá ser efectuada por las obligadas y obligados tributarios; por personas, entidades, instituciones u organizaciones autorizadas para presentar declaraciones tributarias, en el marco de la colaboración social en la aplicación de los tributos, en representación de terceras personas.
Se presentará por medios telemáticos de las autoliquidaciones y de los documentos anejos en representación de terceras personas en el marco de la colaboración social en la aplicación de los tributos.
El Código Seguro de Verificación (CSV) a que se refiere la presente orden es un código agregado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en los justificantes de presentación telemática de autoliquidaciones y sus documentos anejos, así como en la diligencia certificada de presentación expedidos informáticamente por ésta.
El CSV será único para cada documento y se generará de manera automatizada según las especificaciones técnicas que figuran en la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
Este código permitirá asociar de forma inequívoca la copia o ejemplar del ciudadano con el que obre en poder de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y, por tanto, verificar la autenticidad e integridad del mismo mediante el acceso directo y gratuito a la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades deCastilla-La Mancha (www.jccm. es), en tanto no se acuerde la destrucción de dichos documentos con arreglo a la normativa que resulte de aplicación o por decisión judicial.
En todo caso, la consulta y acceso a los documentos originales se realizará de acuerdo con las condiciones y límites que establece la legislación de protección de datos personales, así como el régimen jurídico general de acceso a la información administrativa.
