El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su sesión de esta semana el anteproyecto de ley contra la Despoblación, una norma pionera cuyo trámite arrancó hace un año en el marco de un Pacto Regional a todos los niveles y que afronta ahora y tras diez procesos de participación una recta final que le llevará a su remisión a las Cortes regionales para iniciar los últimos pasos de cara a que sea una realidad.
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha sido el encargado de dar cuenta de todos los detalles de esta nueva normativa, destacando como principal novedad lo que afecta a las medidas fiscales en lo que afecta al tramo autonómico del IRPF y en los impuestos cedidos.
Así, ha hablado de una desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas para las personas que tengan estancia efectiva en estas zonas despobladas; y desgravación del 10% en la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda.
«Con la combinación de estas dos desgravaciones, las personas que se quieran ir a vivir a estos municipios no pagarán impuestos a la Comunidad Autónomas. Hace que aquellas personas que se vengan a vivir a pueblos despoblados no pagarán prácticamente impuestos a la región», ha dicho, añadiendo otras desgravaciones en transmisiones patrimoniales para que, a la hora de comprar vivienda o locales, se reduzca a la mitad esta tasa.
También se reduce a la mitad el impuesto de actos jurídicos documentados, de manera que se facilitará la implantación de empresas en el mundo rural. «La utilización de la política fiscal es la primera vez en la historia de nuestro país que se afronta. Esperamos no ser los únicos».
600 MILLONES ENTRE APORTACIÓN Y BONIFICACIONES
Según ha explicado el ‘número dos’ del Gobierno regional, se trata de «una ley ambiciosa que incorpora medidas novedosas y que va acompañada de una memoria económica que supone que durante este periodo de programación de la UE se vayan a destinar cerca de 600 millones de euros a implementar sus medidas», tanto desde la puesta en marcha de nuevos programas como en cuanto a la repercusión presupuestaria de las medidas fiscales.
Será la primera vez que se usen medidas fiscales para frenar la despoblación y hay un total de 75 artículos incluidos en siete títulos, con cuatro disposiciones adicionales y nueve finales, incorporando conceptos novedosos desde lo legislativo, como el de ‘Impacto Demográfico’, que exigirá que todas las decisiones estratégicas tengan que contemplar cómo se van a desarrollar en zonas afectadas.
Otro concepto, ‘Estancia Efectiva’, establece medidas de apoyo a familias que viven en los pueblos, con empadronamiento en localidades afectadas donde tengan su tarjeta sanitaria o donde estén escolarizados los menores. «Un concepto importante para poder apoyar a las personas que efectivamente viven en los pueblos».
CUATRO ZONAS DISTINTAS SEGÚN POBLACIÓN
El texto de esta norma establece una zonificación según parámetros europeos para la clasificación en cinco zonas distintas. Así, la ley habla de Zonas de Despoblación Extrema cuando hay menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; Zonas de Intensa Despoblación si presentan entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; Zonas en Riesgo si la tasa oscila entre 12,5 y 20; Zonas Intermedias en el caso de que cuenten con entre 20 y 50; y Zonas Periurbanas si son más de 50 los habitantes que viven por kilómetro cuadrado.
«Es una ley pensada para el medio y largo plazo, y el principal instrumento que tiene que aprobarse, la Estrategia Regional frente a la Despoblación para aplicar a zonas de intensa despoblación en riesgo, tendrá que tener un alcance mínimo de diez años», ha apuntado Martínez Guijarro.
La futura ley vela por garantizar la prestación de Servicios Públicos con una serie de medidas para garantizar que los ciudadanos que viven en estas zonas pueden acceder a ellos en condiciones similares del resto de municipios.
EDUCACIÓN SUPERIOR FINANCIADA Y URGENCIAS A 30 MINUTOS
Aquí se incluye el acceso a la educación pública, garantizando colegios donde haya al menos 4 niños; programas de Formación Profesional adaptados a la realidad de las comarcas; y un contrato programa para financiar enseñanzas no obligatorias para los jóvenes, para evitar así que se abandonen los pueblos para buscar la educación a través de este compromiso.
Se garantiza el acceso a la Sanidad, incrementando servicios de Atención Primaria gracias a la evolución de la tecnología; garantizando acceso a servicio de Urgencias en 30 minutos; y facilitando el acceso a oficinas de Farmacia en estas zonas, a implementar con los colegios profesionales.
Se quieren blindar también los servicios sociales, para lo que se garantizará la teleasistencia avanzada para mayores de 70 años para asegurar estos cuidados en su propio domicilio. Cuando no puedan mantenerse en sus domicilios, se garantizan centros residenciales a 40 kilómetros dentro de la propia comarca. Además, se incluye un programa de atención específico a personas con discapacidad que residan en zonas despobladas.
Otro eje de esta ley es el servicio de transporte a la demanda para conectar a las cabeceras de comarca con todas las localidades y mejorar la prestación de servicios esenciales, ha apuntado Martínez Guijarro.
40% MÁS DE AYUDA A LAS EMPRESAS QUE SE INSTALEN
En cuanto a la cohesión económica, se establecen medidas de apoyo a las empresas que se instalen en las zonas despobladas a raíz de los criterios ITI. Así, las empresas que se ubiquen en zonas afectadas, tendrán hasta un 40% de ayuda adicional por instalarse en estos territorios.
Hay también planteamientos para sectores tradiciones en estas zonas, como la Agricultura, la Ganadería o el Sector Forestal, y se apostará por la bioeconomía y la innovación.
Otro compromiso es garantizar el acceso a servicios financieros, lo cual también mejorará la instalación de empresas. Para ello, habrá 10 millones de euros de salida como motor financiero que buscarán aportaciones de otras administraciones y de los propios bancos para garantizar la financiación a las empresas que apuesten por estas zonas.
Sobre cohesión social, se fomentará la conciliación con atención a niños de 0 a 3 euros; y se contemplan medidas para poder acceder a viviendas en buenas condiciones de habitabilidad. Para ello, habrá un programa específico de rehabilitación de viviendas para poner a punto a aquellos inmuebles que ya existen en los pueblos.
Medidas para facilitar el acceso a la cultura, al ocio responsable y a los medios de comunicación son otros de los mimbres de la ley; a los que se suman la garantía de acceso a fibra óptica y 5G en toda la región, ha detallado el vicepresidente.
UN AÑO DE TRABAJO
Martínez Guijarro ha recordado que fue hace un año cuando se adoptó un pacto entre agentes sociales, FEMP, grupos de desarrollo rural y clase política al que se han adherido entidades públicas y privadas como punto de partida para este texto legislativo.
Este anteproyecto de ley, ha dicho, tiene unas características «especiales», ya que es una ley «altamente consensuada, que se ha sometido a dos procesos de participación y que es transversal, que afecta a la práctica totalidad de ámbitos competenciales de la administración».
Incluso, ha tenido que ser informada por diez consejos de participación, desde el asesor de Servicios Sociales, el primero de ellos; al Consejo Regional de Transportes, para hacer una decena de foros regionales que han informado favorablemente.
Además, la ha defendido como una ley pionera que «aborda directamente uno de los problemas estructurales de la región» con una visión de «tomar decisiones en todos los ámbitos» de la misma.
