El Consejo de Ministros ha aprobado que los centros sanitarios públicos y privados podrán contratar a profesionales sanitarios jubilados y prejubilados durante el próximo año para la realización de actividad asistencial relacionada con la COVID-19.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, en el que el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto que recoge, además de la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, una serie de medidas para paliar la sobrecarga asistencial.
«Son medidas muy importantes de refuerzo de recursos humanos para contribuir y ayudar a las CCAA, y especialmente a los profesionales sanitarios en su tarea diaria», ha resaltado la ministra.
En primer lugar, el Ejecutivo ha establecido la posibilidad de que los centros sanitarios contraten a personal sanitario jubilado y prejubilado hasta el 31 de diciembre de 2022 ante el déficit de profesionales. En cualquier caso, pese a ser contratados, seguirán manteniendo sus derechos y prestaciones como pensionistas.
Esto será posible gracias a la eliminación de las incompatibilidades existentes en la Ley General de la Seguridad Social, con motivo de la pandemia de COVID-19. De esta forma, estos profesionales de la medicina y la enfermería tendrán derecho a seguir percibiendo la totalidad de la pensión de jubilación que tuvieran reconocida en cualquiera de sus modalidades, incluido, en su caso, el complemento a mínimos.
Además, estos sanitarios tendrán la misma protección por el trabajo desempeñado que tienen el resto de profesionales sanitarios en activo, en el caso de incapacidad temporal, incapacidad permanente o fallecimiento.
Esta medida ya estuvo vigente desde el inicio de la pandemia en 2020 y en 2021. Entonces, casi 400 sanitarios se acogieron a esta posibilidad y se incorporaron a la actividad.
De la misma forma, Darias ha informado de que también se ha habilitado la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea.
Estas medidas se acordaron ayer en la Conferencia de Presidentes y fueron apoyadas por la «práctica unanimidad» de las comunidades autónomas, según ha defendido Darias, quien ha insistido en que «vienen a incrementar y a sumar nuevos recursos profesionales».
La ministra ha justificado la aprobación de estas medidas debido a que la variante ómicron está produciendo sobrecarga asistencial en la Atención Primaria. «Los esfuerzos del Gobierno están centrados en seguir reforzando el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud», ha afirmado.
