Unión de Uniones ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y a las comunidades autónomas que no desmantelen la agricultura profesional con la nueva Política Agrícola Común (PAC).
En este sentido, en el marco de la concentración que ha tenido lugar este miércoles a las puertas del Ministerio de Agricultura, la organización considera que desde el propio departamento de Planas y de las comunidades autónomas se está definiendo un plan estratégico de la PAC que se aleja de la figura del agricultor profesional y que lo perjudicaría.
Desde Unión de Uniones se han insistido en que se debe definir la figura de agricultor activo beneficiario de ayudas directas como aquel cuyas rentas agrarias representaran más del 25% del total de sus rentas, estableciendo una salvedad para los perceptores de menos de 1.250 euros, que son «numerosos», pero tienen una mínima repercusión sobre la distribución de ayudas.
Igualmente, Unión de Uniones ha expuesto algunos de los alimentos más castigados por la ley de la cadena alimentaria y ha insistido en que en el debate en el Congreso se tiene la oportunidad de incorporar en la ley aspectos tan importantes como la definición de la posición de dominio y la prohibición de reventa a pérdidas.
La organización insiste en que en un negocio como es alimentario, donde cada año se generan cerca de 160.000 o 170.000 millones de euros, debería haber margen para todos.
«Tenemos en el BOE una ley fallida que ahora, con el incremento bestial que estamos viviendo de la electricidad o de los piensos, se ha convertido en una broma insufrible. Falta apenas una semana para que intenten cerrar los cambios en una ley, que es vital para el sector. Le pedimos a los diputados que sean valientes y pongan medida al tremendo poder que usan la industria y la distribución para manejar la cadena a su antojo y en su beneficio», ha señalado el coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras.
La organización ha calificado de éxito la convocatoria que ha reunido, según sus datos, a cerca de 800 agricultores de distintas regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria o La Rioja.
