La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de la Masa Mancha Occidental II considera “inaceptable e inasumible” que el Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico siga sin dotar de más medios y presupuesto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que solucionen de una vez el enorme retraso de la CHG en la tramitación de expedientes, que generan numerosos problemas a los usuarios, que derivan en sanciones “injustificadas y multimillonarias”, encontrándose en una “situación límite al ver como sus explotaciones se secan y pierden su modelo de negocio por la dejadez y abandono de la administración hidráulica”.
Y es que recuerdan que los expedientes relativos a acciones habituales y contempladas por normativa, como el paso a concesiones o modificaciones de características; solicitudes de limpiezas de pozos; ampliaciones de perímetros de riego o cambios de emplazamientos tienen una demora de cuatro o cinco años, llegando incluso algunos expedientes hasta los
siete. “Estos plazos de espera no se dan en ninguna otra administración de España”, lamentan.
Colapso administrativo
Desde Mancha Occidental II recuerdan que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reconoció, tras un requerimiento de la CUAS, el “colapso administrativo” de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En la misma línea, el Defensor del Pueblo respondía a otra consulta que “esta institución conoce la importancia de las funciones que tienen atribuidas las confederaciones hidrográficas y sabe que la escasez de efectivos constituye un serio problema”. Añadía que “esta institución también entiende que la situación que esa comunidad de regantes describe debe ser objeto de atención, a la vista de que el problema tantas veces tratado de falta de medios, no se soluciona”. Además, diversos cargos políticos han reconocido esta situación en reuniones mantenidas con representantes de Mancha Occidental II.
Mancha Occidental II no entiende que se esté dotando de más medios y presupuesto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para reforzar las acciones de control y vigilancia (el último de 420.309 euros para un convenio con el Seprona de la Guardia Civil) mientras no se contemplan mejoras en las labores administrativas. “Esto lo que va a generar es aún más demora en las resoluciones, que ya son inaceptables”, apuntan desde la CUAS, exigiendo dotaciones urgentes para paliar el retraso administrativo.
Afirman que es “inconcebible” que sigan reforzando las labores de control y vigilancia mientras se olvidan de las administrativas que acumulan retrasos de hasta diez años.
