El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de ley de Cámara de Cuentas, punto de partida para recuperar un órgano fiscalizador propio de la actividad financiera del sector público regional que desapareció en la Comunidad Autónoma cuando, con el PP en el Gobierno, se decidió en 2014 suprimir la Sindicatura de Cuentas que había operado durante 20 años.
Así lo ha avanzado la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, en una rueda de prensa donde ha especificado que este órgano contará con plena independencia en el ejercicio de sus funciones y con autonomía organizativa y presupuestaria, lo que le permitirá actuar «sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia en su labor de fiscalización».
Dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla-La Mancha y se prevé que pueda entrar en vigor antes de acabar el año, dando así cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el último Debate sobre el Estado de la Región.
Considera que la «independencia» de este órgano permitirá que se gestionen los fondos públicos de manera «impecable», con el Gobierno regional «autoimponiéndose la obligación de dar transparencia para comprobar que el dinero público se usa bien».
Parlamento, empresas públicas, entidades locales, Consejo Consultivo y UCLM, entre otras personas, podrán ser fiscalizadas por este órgano, y además las personas físicas o jurídicas que reciban subvenciones serán susceptibles de control.
«Se trata de recuperar un órgano de fiscalización para el conjunto de todas las administraciones y tendrá también funciones de asesoramiento», ha afirmado Fernández, quien ha añadido que promoverá propuestas de mejora «en aras de que la transparencia sea cada vez mayor y los recursos públicos no se encuentren en peligro».
MAYORÍA CUALIFICADA PARA ELEGIR EL PRESIDENTE
Fernández ha detallado que la elección del presidente de este nuevo órgano corresponderá al Parlamento autonómico por una mayoría cualificada de tres quintos en primera votación, o mayoría simple en segunda.
Serán mandatos de 6 años renovables una única vez y podrán arroparse de hasta cuatro personas, cumpliendo con la paridad, y siempre con profesionales acreditados y con experiencia en el sector económico.
