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domingo, 22 diciembre
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Las Cortes piden promover la donación de vacunas a aquellos países con dificultad para inmunizar

Piden al Ejecutivo de Sánchez que negocie una solución que impida a EEUU aplicar impuestos digitales que penalicen al sector del calzado

Las Cortes de Castilla-La Mancha, con la unanimidad de PSOE, PP y Ciudadanos, han instado al Gobierno de Castilla-La Mancha para que a su vez inste al Gobierno de España a «promover la donación de los excedentes de vacunas adquiridos en España a los países que en estos momentos tienen mayores dificultades para inmunizar a su población por carecer de los suministros necesarios para ello».

Los tres partidos se hacen eco de la declaración institucional a propuesta de UNICEF sobre el destino del excedente de vacunas contra la COVID-19, por lo que solicitan que el Ejecutivo central incremente las contribuciones económicas al mecanismo COVAX, «el instrumento más adecuado para lograr que los ciudadanos de los países de menos ingresos puedan acceder a las vacunas».

El Mecanismo COVAX está codirigido por la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi) –de la que forma parte en UNICEF–, la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los tres grupos parlamentarios instan al Gobierno central que apelen al resto de administraciones públicas y al sector privado, «a fin de redoblar el esfuerzo, en forma de contribuciones económicas», a todas aquellas iniciativas encaminadas a favorecer la adquisición de vacunas y suministros sanitarios básicos para la inmunización, especialmente a través del mecanismo COVAX.

INDUSTRIA DEL CALZADO

De otro lado, las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Castilla-La Mancha han acordado respaldar a la industria del calzado y la marroquinería, tanto a empresarios como a trabajadores, y han puesto en valor la aportación de este sector a la economía de la región.

Instan al Gobierno de España a que tenga en cuenta las reivindicaciones del sector en lo relativo al impacto por la aplicación de aranceles a las exportaciones por parte de los Estados Unidos, derivado de la puesta en marcha de la Ley del Impuesto sobre denominados Servicios Digitales.

Instan al Gobierno español a mantener en suspenso la ‘Tasa Google’ mientras se negocian las propuestas de diferentes países en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y tome una decisión, al respecto, la Unión Europea.

Piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que negocie una solución que impida que EEUU «adopte medidas unilaterales derivadas de una futura aplicación de impuestos digitales, que penalicen a sectores nacionales como el calzado».

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