El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que las comunidades autónomas citadas en Santiago de Compostela el próximo martes, 23 de noviembre, para hablar de financiación autonómica ya están trabajando de manera conjunta en lo que podría denominarse la «Declaración de Santiago», un documento que en estos momentos está en su fase de borrador con la aportación de las ocho regiones para darle finalmente luz verde en la capital gallega.
«Se está redactando una declaración con cuáles pueden ser las filosofías que deben inspirar el modelo de financiación, el primero, el principio de igualdad y que todos tengamos la misma oportunidad de acceso a los servicios públicos fundamentales», ha afirmado.
Según ha dicho, eso pasa por «poner en valor variables que no se han tenido en cuenta» a la hora de repartir la financiación autonómica, con premisas a valorar como el reto demográfico, el coste real de la prestación de servicios o el envejecimiento de la población.
Para Ruiz Molina, es importante tener en cuenta la dispersión geográfica ya que afecta al coste real de los servicios a prestar por las comunidades autónomas, de manera que una mejor financiación para abordar esta problemática garantizará que se presten con la misma eficacia en zonas rurales o en grandes ciudades.
El documento final terminará de perfilarse en el debate del martes y cada región «quiere afinar mucho la redacción» de cada uno de los preceptos incluidos en ella, tal y como ha aseverado el titular de la Hacienda castellanomanchega.
FONDO COVID
Tras las palabras de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que afirmaba que la enmienda para impulsar un Fondo COVID para las comunidades autónomas «no se puede instrumentalizar», ya que recurre a un crédito que «no existe» en las propias cuentas, Ruiz Molina ha insistido en que hay «hay motivos de toda índole para mantener ese fondo».
«Creo que sería una válvula de descompresión si las comunidades autónomas pudiéramos contar con él. La enmienda habla de unos 9.000 millones. No estaría en condiciones de decir una cantidad exacta, pero unos 400 millones para Castilla-La Mancha serían bienvenidos», ha afirmado Ruiz Molina.
Aunque señala que no hay «todavía una varita» para poder instrumentalizar estos fondos, ha reconocido «el paso importante por parte de las fuerzas políticas en el Congreso» por remar a favor de este mecanismo de financiación.
«Creo que para una vez que estamos de acuerdo en algo sería importante que se materializara. Hay mucha crispación y en el fondo COVID tenemos acuerdo», ha concluido.
