El Gobierno de Castilla-La Mancha, ante la problemática que sufren muchos municipios de la región, ha dado un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que actúe contra la okupación de viviendas. Le ha marcado el mes de diciembre como plazo máximo para que haga movimientos legislativos, aunque admite que se trata de una cuestión «incómoda» para la coalición de Gobierno, dada la postura de Podemos.
Así lo ha avanzado la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, marco en el que ha explicado que el plazo de diciembre no es casual, pues en esa fecha se cumple un año desde que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobarán la Proposición de ley contra la okupación ilegal de viviendas, con la que el Ejecutivo regional planteó este debate a nivel estatal.
Tras admitir que en este tiempo «no ha habido» reacción alguna por parte del Ejecutivo central, ha reconocido que se trata de un debate «poco cómodo» para el Gobierno de coalición, dada la postura que Podemos ha fijado en esta cuestión.
«Sabemos la posición que ha mantenido Podemos y las plataformas de las que proviene Podemos. Es un contexto distinto donde los desahucios eran un auténtico problema para este país, pero ahora estamos en otro contexto y las leyes se deben adaptar a los problemas sociales del momento. No se puede vivir permanentemente del pasado y hoy hay que dar respuesta a un problema real, que es de hoy», ha insistido la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.
