El proyecto de la ley de vivienda que prepara el Gobierno prevé prohibir la privatización de vivienda pública destinada a alquiler por parte de las administraciones, según ha avanzado ‘Cinco Días’ este viernes y ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
Ábalos ha asegurado que esta medida pretende acabar con la «expropiación de lo colectivo, tanto que a algunos les gusta hablar de expropiación», y atajar la falta de oferta de parque público de vivienda en España.
«Por eso es importante que la ley salga, y no se reduzca solamente a la intervención de los precios», ha añadido.
AEROPUERTO DE BARCELONA
Ábalos ha defendido la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat: «Un ‘hub’ no puede desplazarse, si no, pierde todo interés. Ahora hay un proyecto de inversión y tenemos de plazo hasta septiembre para encajar estas inversiones».
Ha admitido que existen «problemas medioambientales» con la ampliación, que afecta a espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat (Barcelona), pero considera que el plan prevé una solución y que es posible integrar la protección del medio natural con el desarrollo de la infraestructura.
Ha explicado que el Gobierno y la Generalitat trabajan ahora en la constitución de la mesa técnica que analizará la ampliación, para «tener bien claros los impactos» y luego abordar la vertiente política del proyecto.
El ministro constata una «visión más racional, más abierta» por parte de la Generalitat, que ha recordado que es quien tiene la última palabra, junto con los ayuntamientos de los municipios afectados.
«Al final, lo que va a contar, obviamente, es la actitud del territorio. Si el territorio es contrario, no procede hacer ninguna inversión», ha dicho.
LEY DE LA EUTANASIA
Coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, ha criticado la oposición del PP a la medida, que puede solicitarse en caso de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable: «Lamento mucho esto, porque todos tenemos derecho a una vida digna y a una muerte diga también».
Ha recordado que «nadie está obligado a ejercerlo, como la interrupción del embarazo o el matrimonio homosexual», y ha destacado que el PP también interpuso un recurso contra las dos normas que introdujeron esos derechos.
