El Gobierno ha defendido que la propuesta que ha realizado ante la Comisión Europea para introducir peajes en todas las autovías del país a partir de 2024 se basa en un criterio de «coherencia», ya que España recibirá 140.000 millones de fondos pagados por todos los ciudadanos europeos y en la mayoría de los países de la Unión ya se paga por el uso de las carreteras.
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha asegurado en declaraciones a la prensa desde la estación de Atocha en Madrid, donde Ouigo ha inaugurado su primer servicio entre Madrid y Barcelona, que se trata de una medida «justa», porque pagarían solo los usuarios que utilizan las carreteras y no el conjunto de la población mediante los Presupuestos Generales del Estado.
«Desde un punto de vista de la coherencia, España está pidiendo a los ciudadanos europeos en su plan de recuperación que se invierta en nuestro país en infraestructuras de transporte, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea ya se está pagando por el uso de las carreteras, por lo tanto, coherencia, si estamos pidiendo recursos para invertir en las infraestructuras, lógicamente tenemos que plantear esa reforma», ha argumentado.
En cualquier caso, Saura insiste en la necesidad de contar con el mayor consenso social, político y económico, sobre todo con el colectivo de transportistas, para los que la propuesta remitida a Bruselas ya los excluía del pago de los peajes, que tendrían que asumir los cargadores.
Aun así, desde el sector transportista ya han criticado la medida, defendido que la carretera ya está sometida a otros gravámenes y que la imposición de peajes a los profesionales podría desencadenar un aumento de los precios para los consumidores.
Saura ha descartado que esto pudiese ocurrir, argumentando que los peajes ya existen en Europa, donde también circulan los camiones que traen mercancía a España, señalando además que, cuando hay competencia, «no tiene por qué trasladarse ese pago a los precios, por lo que no habría una pérdida de la competitividad de la economía española».
IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE
Otro de los aspectos clave en el que Saura justifica esta medida es la sostenibilidad y la reducción de emisiones, ya que el objetivo del Gobierno es que la gente utilice más el tren, una alternativa más respetuosa con el medio ambiente y en cuya infraestructura los españoles han invertido 65.000 millones de euros en los últimos 30 años.
A este respecto ha cifrado en 4 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) lo que se han reducido en los últimos diez años en el corredor entre Madrid y Barcelona como consecuencia de que el uso del AVE se ha multiplicado por seis durante este mismo periodo de tiempo.
Sobre fijar 2024 como la fecha en la que podrían comenzar a establecerse los peajes, Saura ha asegurado que esta medida no se puede implementar ahora, en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia, por lo que solo se podría introducir en una situación posterior a la recuperación económica.