El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha abogado por tratar el problema de la despoblación como «un asunto de Estado» que, por lo tanto, «debe abordarse desde la solidaridad entre regiones y con una financiación autonómica acorde a esta problemática».
Así, ha apelado al «consenso y la participación» para poner en marcha medidas que ayuden a frenar la pérdida de población, puesto que «deben trascender a los gobiernos, porque aquí no hay soluciones inmediatas ni a corto plazo». De ahí, ha dicho, que Castilla-La Mancha también fuera pionera en la firma de un Pacto Regional contra la Despoblación, suscrito en febrero de 2020 entre Gobierno, agentes sociales y grupos de desarrollo rural.
Del mismo modo, Martínez Guijarro ha insistido en «escuchar a los territorios, a quienes viven en ellos de lunes a domingo, a los alcaldes y alcaldesas que configuran las trincheras de la política o a los grupos de acción local», ha aseverado el vicepresidente regional.
Martínez Guijarro ha hecho estas consideraciones en Teruel en los Diálogos sobre el Futuro 2021-2050, centrados en la España con desafíos demográficos, organizados por el Gobierno de España y la Comisión Europea, según ha informado la Junta en nota de prensa.
También, en este marco, ha recordado que las desgravaciones fiscales de las que se beneficiarán los ciudadanos con estancia efectiva en zonas consideradas como escasamente pobladas de Castilla-La Mancha ascenderán el próximo año a cerca de 23 millones de euros.
