Asaja va a recurrir ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha la resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se prohibió cosechar entre las 12.00 y las 20.00 horas de los pasados días 11 y 12 de julio, y va a solicitar una «reunión urgente para llegar a un protocolo» de actuación con este departamento del Gobierno autonómico.
«Estamos en un sistema democrático. Aquí no es ordeno y mando. Hay que negociar y estamos dispuestos a negociar con talante bueno», ha declarado el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ante una decisión que prohibía el uso de maquinaria y equipos en el medio natural cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, incluidas las cosechadoras, por el riesgo de incendios en el medio natural debido a las altas temperaturas que se iban a producir el fin de semana.
En rueda de prensa, Fresneda ha recordado que, hasta ahora, en este asunto, siempre se hacían recomendaciones y se intentaba influir para que se dejara de cosechar, pero no se había hecho «una resolución que limita los trabajos en el medio natural», ni se había prohibido «taxativamente», algo que desde Asaja entienden que «no se puede hacer», y menos cuando «en muchas zonas no se dieron esas temperaturas».
Ha reconocido que la Consejería ya sabe que van a presentar ese recurso, porque el pasado lunes hubo una reunión con el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, «y su postura era muy radical», y ha avisado, tras haber oído que para el próximo fin de semana se podría publicar una normativa similar, de que «se atengan a las consecuencias».
Tras destacar que «el que menos quiere que se pegue fuego es el agricultor», ha relatado los argumentos en los que se basa el recurso que presentarán ante la Consejería «la semana que viene», entre los que figura la posible falta de competencias para tomar esa decisión, la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de un ciudadano que va libremente a trabajar, la falta de cobertura jurídica, y el hecho de que se pueda generar responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados, además de que la disposición adicional no habilita a la Consejería a adoptar la prohibición del uso de las cosechadoras.
En el mismo sentido se ha pronunciado el responsable de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de la provincia de Guadalajara (APAG), Juan José Laso, quien ha señalado que en la provincia de Guadalajara concretamente esos dos días el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP) «no fue alto».
Laso ha asegurado que desde las organizaciones agrarias están «abiertos a colaborar con la Consejería» porque todos quieren «que no haya incendios», pero ha alertado de las pérdidas que suponen parar las cosechadoras dos días en Castilla-La Mancha, algo que la organización tiene pendiente de cuantificar.
