El próximo 1 de junio entrarán en vigor en España las nuevas tarifas eléctricas. Desde la Comunidad de Usuarios de Aguas
Subterráneas (CUAS) de la Masa Mancha Occidental II denuncian que supondrán un significativo aumento de los costes para las explotaciones de regadío, además de otros problemas para la organización y planificación agronómica.
Coincidiendo con otras organizaciones agrarias, como ASAJA y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), lamentan que este incremento supondrá “un duro golpe” para la economía de miles de regantes, más de 9.000 de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo en el ámbito de la CUAS.
Además, rechazan el “obscurantismo” que ha acompañado a esta medida, con falta de información del Gobierno hacia el sector agrario. Por ello, desde Mancha Occidental II piden al Estado que reconsidere su decisión de elevar la factura eléctrica a los regantes.
Las modificaciones incluyen la desaparición del término de potencia fija, motivando un incremento del coste medio en la factura para este concepto en los meses en los que no se riega. Además, también se recoge cambios en los tramos horarios para regadío; modificaciones del sistema de penalizaciones por el sobrepasamiento de dichos tramos, sin que los regantes conozcan exactamente cuáles son las sanciones de los posibles excesos que puedan cometer para paliarlos y rectificarlos. Aparece también un nuevo concepto para la penalización por consumo, energía reactiva capacitiva, que generará nuevos costes hacia el regante.
Cambios de la potencia contratada
Mancha Occidental II vuelve a solicitar al Gobierno de España que en lugar de incrementar los costes eléctricos de los regantes aplique la posibilidad de cambiar la potencia contratada dos veces al año, una reivindicación “histórica” del sector pendiente de aprobación por parte de la Administración.
Desde Mancha Occidental II lamentan que esta subida de las tarifas eléctricas para los regantes agravará el problema de despoblación presente en numerosas localidades, al afectar a un sector que es el principal generador de riqueza y empleo en el medio rural. Además, inciden en que la complejidad de las nuevas tarifas supondrá numerosos problemas para los regantes, pues se modifican todas las potencias contratadas pudiendo suponer un incremento medio de la factura de entre un 10 y un 30 por ciento.
