La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha advertido del hundimiento del sector vitivinícola si no se ponen en marcha urgentemente medidas extraordinarias. La organización agraria ha señalado el mes de marzo como plazo máximo para que se activen las medidas necesarias para reorganizar el mercado del vino.
Con una producción de vino y mosto superior a las de las estimaciones iniciales y unas existencias mayores, así como unas bajadas considerables en las exportaciones y el «derrumbe histórico» del consumo interno como consecuencia del COVID-19, la situación se puede definir como «una de las más trágicas de los últimos tiempos para el sector productor, ya que son los únicos que pagan siempre las consecuencias», según afirma la Asociación en nota de prensa.
Ante este panorama, Asaja Castilla-La Mancha ha planteado la retirada de producto del mercado como la mejor opción para ayudar a los viticultores afectados por la pandemia y ha insistido en la urgencia de poner en marcha estas medidas para no ver comprometida la próxima campaña de vendimia, así como las repercusiones a corto y medio plazo en el mercado.
La organización agraria ha planteado una destilación de alcohol para uso industrial y sanitario complementada con otra para uso de boca con el objetivo de eliminar 9 millones de hectolitros en España a un precio por encima de los costes de producción.
Para ello, Asaja ha asegurado que son necesarios, además del presupuesto del Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pasve), fondos extras comunitarios, ya que fuentes de la Comisión Europea han anunciado que está dispuesta a extender las ayudas que pusieron en marcha en abril del pasado año al mercado del vino por el COVID-19.
Por su parte, el sector alcoholero deberá ser consultado para decidir si las ayudas van dirigidas al almacenamiento, a las mermas del producto o a la posible financiación de la adquisición de ese producto, con el objetivo de que estudien sus posibilidades de mercado de cara a los próximos años y para que ambas destilaciones no se solapen.
Asaja Castilla-La Mancha ha señalado que la situación crítica que atraviesan los viticultores por la paralización del mercado exige una actuación conjunta del sector en detrimento de intereses individuales que, a menudo, lo único que consiguen es hundir más a los productores.
La organización ha exigido «transparencia y más control» para acabar con el fraude en el sector del vino «que tanto perjudica a los agricultores castellanomanchegos».
En esta línea, la organización agraria ha acusado a las administraciones de haber permitido que los productores hayan llegado a esta crítica situación, porque además de las consecuencias del COVID-19, «llevan años denunciando fraudes y malas prácticas comerciales por parte del resto de los agentes».
En este sentido, ha señalado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por no haber sido contundente en la toma de decisiones, como incrementar del 10 al 12,5% la graduación mínima de alcohol de los subproductos de vinificación, las conocidas prestaciones vínicas, cuando podía haber alcanzado hasta el 15%, o la demora en impulsar en la dirección correcta de la Ley de la cadena alimentaria para buscar el equilibrio entre las partes.
En la región, la organización ha asegurado que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural también está mirando de perfil y está tardando en poner en marcha la Ley del Vino de Castilla-La Mancha que resuelva los problemas de los agricultores e impida que siga produciéndose fraude con un duro régimen sancionador.
Por último, Asaja de Castilla-La Mancha ha criticado la inacción de la Interprofesional del Vino de España como un instrumento al servicio del sector porque «en un momento crítico como el actual, debería estar promoviendo actuaciones y desarrollando un trabajo conjunto con los diferentes agentes que la forman, en vez de asistir con parsimonia a la agonía del sector».
