Son tiempos rápidos, pero vamos a detenernos un momento. Siéntate que vamos a darle a la imaginación y que no sea para imaginarnos un Apocalipsis zombie, o sí… Vamos a usar ese género tan de moda como es la distopía y a imaginar cómo sería todo si esta crisis del COVID-19 no la estuviera gestionando el actual gobierno de coalición y con 35 diputadas de Unidas Podemos formando parte de él. ¿Para cuántas escalofriantes temporadas nos daría?
A lo mejor no hay que imaginar tanto y sólo haya que pasar por una puerta que nos lleve a la anterior crisis como si estuviéramos en “El Ministerio del Tiempo” y echar un vistazo. No os preocupéis, este viaje no incumple el estado de alarma. Nuestra misión de hoy nos hace entrar por la Puerta 135 y llegar al año 2008 para ver “empezar” la “crisis” y sus consecuencias.
Resumiéndolo mucho, en nuestro país explota la burbuja inmobiliaria y el presidente Zapatero no veía ninguna crisis. De 2008 a 2013 el paro pasó de 2,1 millones de personas a casi 6 millones. En 2013, se supone que la “crisis” terminó en 2014, 630.000 familias no recibían ningún ingreso y el 37% de esos casi 6 millones de personas en desempleo llevan más de dos años buscando trabajo y habían perdido la prestación.
Los presupuestos destinados a escuelas y universidades fueron recortados en 7.300 millones entre 2010 y los previstos para 2014. El presupuesto de Sanidad de Gobierno y comunidades fue recortado en 6.875 millones desde 2010 a 2013. Perdimos, o más bien nos quitaron 21.800 profesores entre los cursos 2010-2011 y 2012-2013 con lo que ello implica para el alumnado en general y para el alumnado con dificultades en particular. En muchas comunidades se redujeron las becas escolares de material, transporte y comedor y se aumentaron las tasas de matriculación en las universidades.
En el año 2012 se atendieron a 1.5 millones de personas en comedores sociales, el doble que en 2009 según la Federación Española de Bancos de Alimentos. La Ley de Dependencia, con todo lo que ello implica, fue recortada en 283 millones de euros, se dan menos y de menor importe. El gasto público en investigación y desarrollo pasó de 9.000 millones en 2008 a los 6.100 en 2014.
Pero no todo fueron recortes, mientras las familias se hundían a la banca se le rescataba, ingresándoles cantidades ingentes de dinero. Según datos de noviembre de 2019, el estado español aportó 64.098 millones de euros al sistema financiero tras recibir un crédito de la Comisión Europea. Si queréis de la Unión Europea hablamos otro día. De todos esos millones se han recuperado sólo 5.150 millones. Se estima que la cantidad a fondo perdido destinada al sector financiero rondará los 67.723 millones a la finalización del proceso.
Toda esta crisis económica disparó los desahucios. En 2009 surge la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que a día de hoy sigue operando para reclamar ese derecho que es la vivienda. Según sus datos, entre 2012-2015 hubo en torno a 244.000 desalojos, miles y miles de personas al no poder hacer frente a los pagos muchas veces abusivos a esa banca rescatada con dinero público se veía en la calle sin una solución habitacional. Veíamos cómo las cifras del paro iban subiendo a la vez que se recortaba en gasto social, educación, sanidad y bienestar. Muchas nos preguntábamos qué querían decir con ese mantra que repitieron hasta la saciedad para convencernos de que “habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades”. No sabíamos quién había vivido así, teníamos claro que nosotras no, aunque estuviéramos pagando las consecuencias.
Todo este proceso de abandono a la gente y rescate a la banca se ve plasmado en aquella modificación del artículo 135 de la constitución aprobado por PSOE y PP en septiembre de 2011. Se modificaba nada más y nada menos que la según para qué intocable constitución para blindar el pago de la deuda frente al gasto social. Es decir, primero se paga deuda y luego ya si queda dinero pagas sanidad y educación o una biblioteca para tu pueblo. Ley Montoro y regla de gasto, de aquellos barros estos lodos.
Pero volvamos de nuestra misión retrospectiva, regresemos a 2020 y aunque a muchas aún nos cuesta creernos la situación actual nos encontramos con una pandemia mundial de terribles consecuencias humanas. Esta crisis sanitaria va a tener también efectos económicos y laborales que está gestionando un gobierno bien distinto al que gestionó la crisis que hemos visto en nuestro viaje. No sabemos a dónde nos llevará esta crisis, pero sí sabemos que no la están pagando los mismos que pagaron la de 2008 gracias al escudo social que se está desplegando. Un trabajo enorme para proteger el empleo y a la clase trabajadora para que nadie se quede atrás.
Los ERTES han impedido que se destruya empleo. Unos 4 millones de trabajadores y trabajadoras están bajo este sistema. Todos esos que no pueden trabajar debido al Estado de Alarma van a seguir cobrando y no serán despedidos. Si una empresa se acoge a un ERTE debe mantener sus contratos durante 6 meses. Se ha creado un subsidio para personas trabajadoras del hogar, un trabajo precarizado y feminizado. También se ha activado un subsidio extraordinario por desempleo para los trabajadores y trabajadoras temporales que podrán cobrar prestación o subsidio mientras dure el Estado de Alarma aunque no tengan la cotización requerida en este momento. Por primera vez en la historia también se protege a los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios mientras dure el estado de alarma: cobrarán una prestación y no tendrán que pagar la cuota de autónomos.
En materia de vivienda se han prorrogado los contratos de alquileres, prohibido los desahucios durante 6 meses tras el fin del Estado de Alarma. Además se han ampliado la moratoria de las hipotecas, no sólo a viviendas si no también a locales y oficinas de autónomos. No se le podrá cortar los suministros de agua luz y gas a nadie en su vivienda habitual y se ha ampliado el bono social para hacer frente a estos gastos. Los grandes poseedores de vivienda deben realizar a sus inquilinos una quita del 50% o reestructurar la deuda en tres años, pudiendo los inquilinos acogerse a ayudas públicas. Habrá microcréditos de alquiler al 0% de interés a devolver en 6-10 años para personas vulnerables. Las condiciones de vulnerabilidad se han flexibilizado para cubrir a más gente.
Se ha regulado el precio máximo de productos como son las mascarillas, regulado la publicidad online de apuestas y activado una moratoria de pago de crédito de consumo durante tres meses a personas con vulnerabilidad. Este gobierno también a derogado el “Tasazo de Wert”, proponiendo la reducción de tasas a precios previos a 2011.
Y esto es sólo el principio, un gobierno que lleva 5 meses funcionando, 3 desde que empezó esta crisis sanitaria. Está claro cuáles son las prioridades, respecto a las que hubo en 2008. 35 diputados y diputadas de Unidas Podemos que ahora mismo están donde más les necesita la clase trabajadora.
Dentro de unos años en futuros viajes la puerta que nos lleve a 2020 será la puerta 128 y bajo el número imaginamos que se leerá eso de que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y tras ella habrá aplausos y niños y niñas que se portaron como no nos portamos los adultos, habrá recuerdo para todas las personas que perdimos, habrá una enorme defensa de lo público y habrá familias que a pesar de lo terrible de la situación no se quedaron atrás .
Gracias por confiar en nosotras en este viaje. Unidas y adelante, por un país para la clase trabajadora.
