El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado confiado este viernes en acercar posturas con el Ministerio de Hacienda por la deuda pendiente de unos 130 millones de euros correspondiente a la liquidación del IVA del año 2017, si bien ha avisado de que no liquidarla sería una «amenaza» para el Estado del Bienestar de las comunidades autónomas.
En rueda de prensa desde el Palacio de Fuensalida, ha reparado en que no conseguir ese dinero «abriría un agujero» en las finanzas de las autonomías, al tiempo que ha recordado que hay «otras deudas pendientes».
«Si no se paga a las autonomías, que no se engañe nadie, será una amenaza de recorte a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales», ha agregado.
En todo caso, ha apuntado que Castilla-La Mancha va a la reunión de este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «de muy buena fe» para «intentar llegar a acuerdos», rebajando así el tono de las últimas semanas en las que se llegó a amenazar con ir a los tribunales si no se satisfacía la deuda. «Hay que plantear los problemas» para conseguir «soluciones», ha considerado.
El líder del Ejecutivo autonómico ha indicado además que, en caso de conseguir «algo más de oxígeno» presupuestario en forma de relajación de los objetivos del déficit, ese dinero iría a parar a gasto social en Castilla-La Mancha.
Con todo, ha subrayado que la relación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es «extraordinaria». «Queremos saber qué decisión y qué itinerario se va a dar ante una deuda clarísima».
Por último, y tras la reunión de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra, ha aseverado que «es muy importante» la idea lanzada por Sánchez de que «el marco de la negociación de la financiación» de todas las autonomías «es el Consejo de Política Fiscal y Financiera».
«En España, más allá de la excepción constitucionalizada de los cupos en País Vasco y Navarra, todos los demás estamos en la misma mesa», ha apuntalado, lamentando que «el conflicto catalán» haya retrasado la negociación autonómica.
