El responsable del sector Autonómico de FeSP UGT CLM, Luis Manuel Monforte, ha manifestado el rechazo de UGT a la «paralización» de la convocatoria de 2020 del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) sin negociación con los trabajadores sociales y ha desmentido que las Ayudas de Emergencia Social (AES) o las Ayudas de Emergencia COVID-19 estén llegando a los castellano-manchegos en situación de vulnerabilidad sin el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
«La AES lleva sin presupuesto desde el otoño de 2019 y las ayudas de emergencia por la COVID-19 pactadas con los agentes sociales en mayo y que tenían que resolverse en 15 días apenas están empezando ahora a resolverse, 6 meses después, por falta de personal dedicado a ello cuando deberían haber llamado a la gente en bolsa. Además, ahora se están empezando a resolver de manera demasiado acelerada sin dar oportunidad a subsanar documentación, por lo que se deniegan directamente», explica Monforte.
Esta falta de herramientas, según UGT, «repercute directamente en los trabajadores y trabajadoras sociales de Atención Primaria, que no pueden dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad de las personas que atienden», por lo que UGT ha pedido a la consejería establecer lo antes posible una regulación transitoria hasta que se haga efectivo el IMV y, posteriormente, una ayuda complementaria como se está haciendo en otras CCAA.
«Según nos ha informado la Consejería, solo se han aprobado 5.632 solicitudes del IMV en Castilla-La Mancha a fecha de la semana pasada. Además, las familias que no lo están percibiendo y que caigan ahora en una situación de exclusión va a ser muy difícil que accedan a él porque se evalúa la carencia económica del año anterior y porque tiene demasiados requisitos rígidos. Es imprescindible complementar el IMV con una cobertura regional si no queremos dejar a mucha gente atrás», ha defendido Monforte.
UGT denuncia que «la falta de herramientas, de presupuesto y de personal, especialmente en áreas como en la de tramitación del IMV, está incrementando el colapso de los Servicios Sociales de Atención Primaria, existiendo retrasos de más de un año en valoraciones de expedientes de discapacidad, lo cual impide el acceso a otras prestaciones como la RAI (Renta Activa de Inserción), al empleo protegido o a pensiones de otro tipo como las no contributivas».
«Es incomprensible que al mismo tiempo que la consejería de Bienestar Social alega falta de fondos para no contratar más personal que tramite las distintas ayudas de emergencia, proponga una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear otros 6 puestos de libre designación con un complemento específico de 20.000 euros», detalla Monforte.
Por otra parte, el sindicato critica también que el decreto de concierto social -actualmente en fase de consultas- «deje abierta la posibilidad de que las entidades privadas gestionen servicios sociales, lo cual supone una privatización y empeoraría aún más la situación actual de falta de recursos de los funcionarios y empleados públicos». «Los servicios sociales son un pilar del estado del bienestar que tienen que gestionarse desde los profesionales públicos para evitar sesgos».
