La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se ha pronunciado este jueves sobre la intención del Gobierno central de legislar para eliminar los requisitos médicos que las personas trans han de acreditar para poder cambiar de sexo en el Registro Civil y aunque se ha mostrado a favor de que este colectivo no tenga que acreditar que lleva al menos dos años hormonándose y un informe médico o psicológico que avale la existencia de disforia de género, ha pedido que se «articule un sistema garantista para que no sea una puerta trasera a situaciones indeseables que no defiende el movimiento trans».
Ha sido en el pleno de las Cortes de este jueves, y al hilo del debate general sobre la problemática del colectivo transexual en Castilla-La Mancha presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, donde la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego se ha pronunciado sobre esta medida que el Ministerio de Igualdad quiere recoger en el paquete legislativo para proteger los derechos del colectivo LGTBI en el que está trabajando, y del que ya han informado algunos medios de comunicación.
Sobre esta medida concreta, y tras recordar que hasta hace poco tiempo la Organización Mundial de la Salud consideraba a las personas trans enfermas mentales, Fernández se ha remontado a 2017 cuando el Grupo Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para que este colectivo no tuviera que acreditar disforia de género a la hora de poder registrar su cambio de sexo, iniciativa que no se votó finalmente por la convocatoria de elecciones.
«El Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que esto hay que cambiarlo», ha defendido Fernández, convencida de que el hecho de que a estas personas se les exija ese informe que acredite disforia de género es «patologizante para ellas».
No obstante, y aunque partidario de relajar esas condiciones y de que estas personas no tengan que acreditar tratamiento hormonal, quirúrgico, médico, psiquiátrico o de otro tipo para poder hacer el cambio registral, la responsable de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto condiciones.
«A la luz de nuevos debates que están encima de la mesa que no podemos obviar -ha dicho en alusión a las intenciones del ministerio que dirige Irene Montero- hay que establecer un sistema que sea garantista para las personas trans, capaz de facilitar el cambio de sexo en el Registro Civil pero que no suponga una puerta trasera a situaciones indeseables que no defiende el movimiento trans, porque no se puede frivolizar con la situación que viven estas personas y porque estamos en la obligación de que todas las leyes que hagamos faciliten la vida a la gente», ha defendido.
Dicho esto, la consejera ha avanzado que la futura ley en la que trabaja su departamento, y a fin de que las personas trans tengan más derechos y garantías de igualdad de trato y no discriminación, va a favorecer que accedan a la cartera de servicios sanitarios adecuando los tiempos al desarrollo de precise cada persona, «garantizando tratamientos hormonales como cirugías de asignación de sexo que han de ser una opción y no obligación».
Además de ofrecerles una atención individualizada tanto sanitaria como psicológica y sexual, la ley contempla «sensibilizar» tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, para paliar las consecuencias que sufren las víctimas de los delitos de odio, como al personal sanitario educativo y social de la Administración pública en la región, con especial atención al ámbito rural «donde lo tienen más difícil».
RESOLUCIÓN CONJUNTA
Con todo, el PSOE, PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo y han firmado una resolución conjunta, por lo que la consejera les ha dado las gracias, en la que las Cortes instan al Gobierno regional a mostrar su apoyo a las personas trans y sus realidades comprometiéndose a trabajar en aras a conseguir la igualdad de trato y no discriminación para todo el colectivo.
También instan a la Junta a la aprobación de una Ley Integral de Igualdad LGTBI que tenga en cuenta la diversidad sexual y de género y garantice los derechos de las realidades trans en el libredesarrollo de su personalidad en Castilla-La Mancha y a la realización de un protocolo integral para personas trans que asegure la libreidentidad en todos los ámbitos y especifique medidas en el ámbito sanitario, social, laboral y educativo, derivada de dicha legislación.
La resolución pide también la realización de un plan integral de igualdad LGTBI en el medio rural de Castilla-La Mancha que posibilite la coordinación y puesta en marcha de políticas públicas en materia LGTBI bajo los principios de cercanía y no segregación; y la creación de una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad dentro de la región.
También insta a la Junta a la creación o mejora de protocolos de atención integral trans y diseñar la formación dentro del ámbito educativo, sanitario, y social, principalmente destinados a familias y profesorado al ser la escuela y la familia el primer lugar de detección y exposición de las inquietudes trans en menores.
Garantizar la formación específica sobre transexualidad en el ámbito sanitario, priorizando la atención primaria, al ser el primer contacto de las personas trans cuando pretenden resolver sus dudas sobre el tránsito de sexo; y diseñar protocolos en el entorno sanitario de atención a las personas trans en los que se priorice un tratamiento individualizado que aúne la perspectiva médica y psicológica, así como la creación de equipos de referencia, es otra de las medidas que recoge la resolución
Además, pide fomentar la prevención y eliminación de toda discriminación por orientación e identidad sexual y/o de género, en materia de acceso al empleo, contratación y condiciones de trabajo y el desarrollo de estrategias para la inserción laboral de las personas trans.
En su segundo punto, la resolución pide a la Administración general del Estado una mayor colaboración y financiación para la puesta en marcha de políticas públicas en materia LGTBI en Castilla-La Mancha.
También solicita al Gobierno un impulso para la modificación de la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas para eliminar la terminología y los requisitos patologizantes con las personas trans y que pueda tener en cuenta a las personas menores trans.
Finalmente, también quiere instar al Gobierno de España a minimizar los periodos de transición administrativa en los procesos de tránsito de sexo.
GRUPOS
El diputado del Ciudadanos Alejandro Ruiz ha mostrado su satisfacción después de que la resolución que ha presentado Ciudadanos se haya mejorado con las aportaciones del PSOE y PP. «Tenemos que llevar a Castilla-La Mancha al siglo XXI y tenemos que hacerlo con documentos como el de hoy para dar un paso más a la entrada del arcoiris de colores en la región dejando atrás los azules y los rojos».
La diputada del PP María Roldán, por su parte, ha indicado que los ‘populares’ «siempre» estarán para trabajar por la igualdad «real y efectiva» y en la lucha contra la discriminación para cualquier persona de la región. «Espero que entre todos, con complicidad y dando ejemplo, como hoy hemos hecho, los tres grupos se unan también en la ley para las personas LGTBi, aunque exigiremos que tenga presupuesto».
Por último, la diputada socialista Rosario García, que ha agradecido la disposición del PP y de Cs para sacar adelante esta resolución, ha destacado que en Castilla-La Mancha hay que seguir trabajando para que la orientación sexual la defina cada persona con medidas como las presentadas ene esta resolución conjunta.
