El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha aclarado al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su postura en representación de la Comunidad Autónoma no fue la de aceptar la solución propuesta al respecto de la devolución de la liquidación del IVA correspondiente a 2017.
«Me sorprenden sus declaraciones y muestra cierto desconocimiento», ha indicado en declaraciones a Europa Press, respecto a las palabras de Tierraseca en las que aseguraba que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó un mecanismo de compensación para este problema por medio de la elevación del techo de gasto en una décima para el año 2020 y que esa propuesta «fue aprobada por la mayoría del CPFF, incluido el voto a favor del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina».
En este sentido, el consejero de Hacienda ha dicho que la ministra solo tomo la palabra para decir que ante este asunto iba a proponer medidas paliativas. «Es un asunto que no se votó, por lo que Castilla-La Mancha no pudo votar de forma afirmativa. Lo que sí que votó Castilla-La Mancha fue el aceptar la nueva senda de déficit para próximos años», ha zanjado.
Respecto a la devolución del IVA que reclama el presidente regional, Emiliano García-Page, el consejero ha recordado que la Junta ya ha autorizado a su gabinete jurídico a que adopte las medidas administrativas y las acciones judiciales que procedan y que la Universidad de Castilla-La Mancha está ya redactando el informe que debe servir para actuar en el ámbito político y jurídico.
Sobre las medidas paliativas propuestas por el Ministerio, ha vuelto a rechazar que la deuda se compense «otorgando un préstamo». «No podemos aumentar el endeudamiento como consecuencia de que no tuvieran en cuenta las repercusiones que podía tener en las finanzas de las comunidades autónomas», ha señalado.
«La actual ministra hizo esfuerzos en 2019 para resolverlo, no se resolvió y le hemos pedimos que vuelva a realizar la misma propuesta de 2019″, ha señalado, para agregar que es un impuesto que ha sido pagado por los ciudadanos y que a la región le corresponde el 50 por ciento y no lo va a rechazar porque es un gasto en el que ya ha incurrido en 2019 para gasto social».
De lo que se trata, ha añadido el consejero, es de que como consecuencia de la actuación del Gobierno de la nación la región no tenga que acometer el endeudamiento por importe de 135 millones.
PIDE EQUIDAD «HORIZONTAL Y VERTICAL» EN LA NUEVA FINANCIACIÓN
En otro orden de cosas, Juan Alfonso Ruiz Molina ha apuntado alguna de las exigencias que mantendrá Castilla-La Mancha a la hora de negociar la nueva financiación autonómica, para lo que ha reclamado el «respaldo» de todos los grupos políticos de la región.
El consejero propone que la nueva arquitectura financiera para las comunidades autónomas pase por «respetar principios de equidad vertical» y replantearse los ingresos o recursos «que de la tarta total toquen a cada nivel de administración en función de las competencias que tiene asumidas».
Tras reparar en que las comunidades autónomas son las administraciones «que más volumen de gasto asumen» tras el Estado, por sostener sanidad, educación y servicios sociales, ha reclamado igualmente cumplir con «un segundo principio fundamental, que es el de equidad horizontal, y que el reparto se distribuya en función del coste real de los servicios públicos y teniendo en cuenta las condiciones de cada una de las comunidades autónomas».
Un tercer principio a defender en la negociación será por parte de la región «el de lealtad institucional» por parte del Estado con las comunidades autónomas, de manera que «las decisiones del Gobierno de la nación vayan acompañadas, lógicamente, de la necesaria financiación» para que las administraciones regionales puedan hacer frente a las políticas impulsadas desde Moncloa.
Como ejemplo para justificar esta tercera reivindicación, ha reparado en la ley de Dependencia a nivel estatal, a tenor de la cual el Gobierno central adeuda cerca de 500 millones a Castilla-La Mancha por su desarrollo.
Un eje más de las exigencias castellanomanchegas de cara al nuevo modelo de financiación será consolidar la «autonomía financiera» de la región, toda vez que su régimen presupuestario «no puede estar al albur de la situación a nivel nacional».
«Y defenderemos una armonización fiscal para que no haya competencia desleal entre regiones a la hora de recaudar los tributos en los que tenemos capacidad normativa», ha reseñado.
RECLAMA HASTA 1.100 MILLONES MÁS DEL ESTADO
El titular de la Hacienda castellanomanchega ha reparado en que, según estudios realizados, para que Castilla-La Mancha pueda garantizar a los ciudadanos «el mismo nivel de prestación de servicios» que otras regiones debería recibir entre 800 y 1.100 millones más al año del Estado.
De esta manera, «se podría equiparar» esa prestación de servicios de sanidad o educación en la región, teniendo en cuenta aspectos como la dispersión poblacional, que hace que cumplir con estos servicios sea más costoso que en otras comunidades autónomas.
