Los sindicatos CCOO y UGT, así como Cermi y Facua, han mostrado su total rechazo al nuevo Decreto del Gobierno regional que regula los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en la región, pues consideran que además de destruir empleo no garantiza los derechos de colectivo de personas con discapacidad y alienta a la despoblación.
De ahí que, tras calificarlo como «chapucero», pues «abre un boquete en los derechos de los consumidores», estas cuatro organizaciones barajen la posibilidad de recurrirlo por la vía contencioso administrativa, pues creen que esta nueva regulación, que ha de entrar en vigor en el mes de marzo, es contraria a los intereses de sociedad castellanomanchega en su conjunto.
Además de recurrirlo en los tribunales, los denunciantes se plantean elevar esta cuestión a sus respectivas organizaciones nacionales para que lo debatan en el marco del nuevo Ministerio de Consumo, a fin de que el país se dote de una normativa única.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa que ha ofrecido el responsable de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León, que acompañado de José Antonio Romero, de Cermi; Francisco Ferrer, de Facua, y Carmen Colchón, de UGT-FICA, ha explicado que esta situación tiene su origen allá por 2014, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy con su ley de emprendedores liberalizó el sector de las estaciones de servicios y carburantes.
«Desde ese entonces las estaciones desatendidas han crecido de forma desmesurada», ha alertado León, que ha explicado que en los últimos cinco años la región ha pasado de tener 584 estaciones de servicio a 916, mientras que este sector, desde el referido 2014, solo ha sumado 12 empleados a los 2.600 personas que registraba en dicho año.
Y es que el responsable de Industria de CCOO ha lamentado que el Ejecutivo autonómico, por medio de este decreto de la Consejería de Desarrollo Sostenible que publicó el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 30 de diciembre, haya apostado por liberalizar un servicio específico que además de comportar un riesgo para la seguridad, favorece la despoblación, la destrucción de empleo y abre un boquete en los derechos de los consumidores.
Ha sido la responsable regional del Sector Gasolineras de CCOO-Industria, Margarita Mena, la que ha alertado de que esta nueva regulación no puede bajar la guardia en temas tan importantes como el de la seguridad, al no obligar a los propietarios a tener a personas de responsabilidad que vigilen «el acceso a menores, el uso de envases no homologados o que los usuarios accedan a fumando o con luces».
De su lado, el representante del Cermi, tras recordar que garantizar la plena accesibilidad de las personas con discapacidad a estos lugares no es una «opción» sino una obligación desde 2017, ha lamentado que los consumidores de Castilla-La Mancha se queden en desventaja frente a los de las comunidades vecinas de Extremadura y Valencia, cuyos gobiernos han resuelto mejor está cuestión.
Romero ha incidido en que la nueva regulación no obliga a estos establecimientos a tener como mínimo a una persona, en horario de 7.00 a 22.00 horas, para que pueda prestar ayuda o resolver cualquier tipo de incidencia que pueda surgir en el repostaje.
«El decreto solo habla de contar con un dispositivo de comunicación bidireccional para comunicarse a distancia con alguien que, en un tiempo prudencial intente solventar esta circunstancia», ha condenado el responsable del Cermi, que ha lamentado que en lugar de hacer «un buen decreto», el Gobierno regional se ha quedado «a medio camino», con un texto que «no satisface las necesidades de las personas, sino de los mercados».
De su lado, la representante de UGT, que ha lamentado que el Gobierno regional no haya aprovechado la elaboración de este nuevo decreto para completarlo con un buen régimen sancionador, que es lo que le faltaba al anterior, ha reiterado que continuarán estudiando las posibles «irregularidades» del nuevo texto para tomar medidas.
Por último, el presidente regional de Facua ha recordado que aunque el decreto entrará en vigor en marzo, estos establecimientos tendrán hasta 18 meses para adaptarse a la nueva regulación. «Es un plazo muy largo, pero estaremos vigilantes para que se adapten a la nueva normativa. Animamos a los consumidores a que denuncien su incumplimiento», ha concluido.
