Los tres grupos con representación parlamentaria en Castilla-La Mancha –PSOE, PP y Cs– no renuncian a poder llegar a un acuerdo que cristalice en la aprobación por unanimidad de una proposición de ley conjunta para combatir el problema de la okupación, salvando así los escollos y encontronazos de las últimas semanas a cuenta de quién se arrogaba la iniciativa de esta estrategia.
Este mismo jueves, el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha publicaba las dos proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular.
Dado que estos textos legislativos afectan a derechos fundamentales –toca leyes nacionales como la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Régimen Local e incluso el Código Penal– y la capacidad de legislar al respecto corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno de España, en el caso de que alguna de estas normas reciba el visto bueno del Parlamento autonómico, tendrán que ser remitidas o al Ejecutivo nacional o al Congreso de los Diputados para ser refrendada.
Las proposiciones de ley emanadas de los parlamentos autonómicos suelen tardar más en ser tramitadas en el Congreso, a excepción de las reformas estatutarias, que al ser leyes orgánicas se afrontan con más celeridad.
Toda vez que las dos proposiciones de ley están calificadas, ahora será el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el que dé el visto bueno a ambos textos tras analizar y comprobar que no incurren en modificación de créditos presupuestarios. La luz verde del Ejecutivo es previsible a los dos textos, tras lo cual ambas proposiciones volverán a las Cortes, que en un primer capítulo del trámite parlamentario tendrían que ver aprobada su toma en consideración.
A partir de ahí, y en el caso de que ambas proposiciones superen esta primera barrera –algo que tiene garantizado la del PSOE al disfrutar de mayoría absoluta en su bancada– se abrirá el plazo de presentación de enmiendas bajo la tutela, previsiblemente, de la Comisión de Asuntos Generales.
El camino parlamentario habitual marca una hoja de ruta que pasa por el debate de enmiendas en dicha comisión y la elaboración de un dictamen en el seno de la misma incorporando los retoques parciales aprobados, tras lo que el texto modificado se someterá a un último debate y votación en sesión plenaria.
El texto resultante será entonces remitido bien al Congreso de los Diputados para discurrir como proposición de ley o bien al Gobierno estatal para adoptar forma de proyecto de ley. A partir de ahí, será el Poder Legislativo nacional el que decida.
PSOE RECONOCE QUE «NO HAY GRANDES DIFERENCIAS» ENTRE AMBAS PROPUESTAS
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha reconocido que más allá de la trifulca política de las últimas semanas, los textos de PSOE y PP no presentan «grandes diferencias» entre ellos.
Eso sí, abiertos a «llegar a acuerdos para que la proposición de ley sea acordada conjuntamente por los tres grupos». «Estamos a la espera de ver cómo reaccionan los otros grupos, pero esa voluntad es la que presentamos».
Sobre su propuesta, acepta que «siempre hay cosas que se pueden enriquecer», y se ha mostrado confiado en que llegar a un acuerdo «no va a ser difícil».
Si acaso, muestra preocupación por el hecho de que exista «desacuerdo en las posturas políticas». «Sería el único punto de desacuerdo, pero yo no estoy por jugar a ver quién se lleva aquí el gato al agua».
Así, considera que el PP «será sensato y estará por el acuerdo», ya que «no tendría lógica tramitar dos textos» y lo conveniente sería «trabajar sobre uno». «Hay voluntad para que el texto sea consensuado».
MERINO: «CONSENSO SÍ, PERO SIN IMPOSICIONES»
La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Lola Merino, también se ha mostrado partidaria de lograr ese consenso, pero rechaza «imposiciones» para alcanzarlo. Para ello, pide al PSOE que «se quite la gorra de la mayoría absoluta» y defiende una elaboración conjunta de un nuevo texto para sumar esa unanimidad.
Ese consenso debe alcanzarse «proponiendo y no imponiendo», imposición que, a su juicio, intentaron hacer tanto PSOE como Cs. Esta ley «tiene que existir para garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos que se compran una vivienda», dado que «no puede tener más derechos el que ocupa una vivienda que el que la ha comprado».
Ahora hay dos proposiciones encima de la mesa, «pero lo que tiene que salir es un único proyecto». «No es cuestión de quitar uno o dejar otro. Si hay dos encima de la mesa, vamos a buscar el consenso. Saquemos un único proyecto que sea garantía de esos derechos fundamentales», ha abundado.
Para ello, su receta es «hacer de las dos proposiciones» vigentes «una única» pues «las dos tienen partes buenas y las dos se enriquecen con partes que mejoran la una a la otra». Por lo tanto, «si existe voluntad», confía en llegar a ese acuerdo a tres bandas que consolide una propuesta sólida para elevar a instancias estatales.
MUÑOZ ZAPATA, PARTIDARIO DEL ACUERDO
El diputado de Cs David Muñoz Zapata comparte la voluntad de acuerdo para sumar fuerzas entre los tres grupos políticos en torno a un texto común, lo cual sería «más eficaz» en busca del objetivo que persiguen ambas propuestas.
En su opinión, la propuesta del PSOE es «un poco más completa» ya que se adentra en retoques a más leyes que la del PP, como la Ley de Protección Ciudadana o la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque en este punto ha reparado en que las premisas esgrimidas por los socialistas son «muy parecidas» a la proposición de ley a nivel estatal que Cs ya está defendiendo en el Congreso de los Diputados y que está ahora en manos del Gobierno.
Las leyes de PP y PSOE «se pueden mejorar», si bien la del PSOE, «que ha cogido de referencia la de Ciudadanos», tiene «bastantes cosas en común» con los postulados de la formación naranja.
Por tanto, Ciudadanos votará a favor de las dos leyes si ambas llegan vivas al debate de su toma en consideración, pero espera que no se incurra por parte de los dos partidos en el «ridículo parlamentario».
«Hicieron una carrera a ver quién presentaba antes su ley para ver quién se apuntaba la medalla, y a los propietarios de viviendas okupadas les han dado un mal mensaje. Si los tres partidos estamos de acuerdo y está claro que nos oponemos a la okupación, lo más lógico y útil es que salga un único texto», ha aseverado.
Insistiendo en que la propuesta del PSOE es «más completa», es partidario de mantener la propuesta socialista para trabajar sobre ella por tener «más base», retirando la del PP. «Vamos a sacar un texto potente, que sea útil y que valga para algo».
El pasado 10 de septiembre los tres grupos –pese a la polémica que se suscitó en el debate del pleno de las Cortes sobre el origen de la iniciativa legislativa en la materia– aprobaron una Proposición No de Ley de Ciudadanos sobre la necesidad de implantar una ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas, un paso previo al acuerdo que podría vislumbrarse en las próximas semanas en la búsqueda de un texto único sobre este asunto.
