Hace unas semanas nos hacíamos eco de los datos publicados en la Encuesta de Población Activa, más conocida como EPA, de Castilla-La Mancha registrados en los últimos tres meses del año 2019.
Estos nos dicen que el paro ha aumentado en nuestra región el mismo número de personas, aproximadamente, que los contratos que se van a realizar para los planes de empleo de la Junta de Comunidades. Entonces, lo que nos vienen a decir estos números es que cuando estos planes de empleo se agotan no hay ninguna alternativa económica, ni laboral para la clase trabajadora.
Los datos de la EPA demuestran que Castilla-La mancha no tiene proyecto de crecimiento, a pesar de los infinitos avisos a los que el Presidente regional nos tiene acostumbrados.
Siempre hemos denunciado que estos planes de empleo no son la solución y que existen multitud de deficiencias en estos, como por ejemplo que permiten que las entidades que contratan a los trabajadores y trabajadoras se inventen categorías laborales para pagarles cuantías diferentes aunque realicen el mismo trabajo. Se permite, como en el Ayuntamiento de Toledo y en muchos otros, que se conrtate a personal al margen de los convenios colectivos posibilitando que las funciones que desarrollen no están sujetas a regulación, sino a “capricho” de las necesidades de un momento coyuntural.
Pero en la EPA hay otros datos, unos que nos dicen que Castilla-La Mancha sigue estando en umbrales de precariedad inasumibles. Entre el tercer y cuarto trimestre del 2019 hay cerca de 5.000 mujeres más en paro. No hay un modelo económico para la región, pero aún menos para las mujeres. Parece que ellas siguen dependiendo de las campañas concretas que las emplea y desemplea en función de “momentos” más que de modelos económicos.
Las jornadas de trabajo siguen siendo infernales e infinitas para muchas mujeres y, aún así, no garantizan un salario digno y suficiente para la subsistencia. De esta forma, se cierra el círculo: madres con trabajos temporales y mal pagados que necesitan recurrir a servicios prestados por otras mujeres con contratos precarios, para que sus hijos estén atendidos durante las horas que necesitan para cumplir con sus horarios.
La peor cara de la precariedad es, sin lugar a dudas, la siniestralidad laboral, sobre todo cuando tiene el resultado de muerte. Hasta noviembre de 2019 habían fallecido en su puesto de trabajo 22 personas, mientras que en estos pocos días que llevamos de año se han registrado 3 muertes por accidentes laborales, muchas de las cuales no deberían haberlo hecho con simples medidas de prevención.
Quizás la temporalidad, la precariedad, la falta de formación específica para desarrollar trabajos que van a durar unos pocos días, la falta de ayudas a las empresas en materia de prevención de riesgos laborales o las tibias sanciones que se imponen a las mismas cuando la Inspección de Trabajo detecta el incumplimiento de las normas, sean el mejor caldo de cultivo para este problema que en nuestra región ha adquirido unas cifras insoportables.
Las comunidades de Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja registraron un índice de incidencia de siniestros que terminan en muerte superior al total de territorios y, además, este índice de incidencia ha crecido respecto al año anterior. Hay que seguir invirtiendo en prevención, pero sobre todo hay que invertir en calidad.
El empleo en Castilla-La Mancha se ha instalado en la ruleta de la precariedad y la temporalidad en la que está sumida la economía regional. Si no hay un modelo, terminaremos por legalizar la desigualdad.
