Los últimos datos del INE arrojan la cifra de más de 9 millones de personas mayores de 65 años en nuestro país -de ellas, más de 2.860.000 tienen más de 80 años-. Lo que representa el 31’6% de la población total española.
Es un número muy importante, del que tenemos que sentirnos enormemente orgullosos. Nuestra esperanza de vida es la segunda mayor del Planeta, después de Japón … y subiendo de forma progresiva. Este aumento en la longevidad de nuestros mayores es la resultante de un compendio de avances en sanidad, hábitos de vida saludables y condiciones sociodemográficas. Variables todas ellas que no sólo condicionan la capacidad para hacernos mayores sino el hacerlo con la mejor calidad de vida posible.
A pesar de diferencias muy significativas en el porcentaje del colectivo de mayores de 65 años en función de la Comunidad Autónoma, hasta hace apenas tres meses éste era el escenario extendido por todo el territorio nacional.
La trayectoria de años de implantación, en sus distintas Fases, de la Ley de Dependencia en nuestro país -importante Ley concebida para dar respuesta a la atención de un colectivo creciente en el seno de una sociedad estructuralmente dinámica- pero nacida con una falta de presupuesto inicial; Con vaivenes cuasi punta-onda en su cofinanciación Estado-Comunidades; Con un desigual desarrollo normativo interterritorial; Con una diferente oferta de recursos a pesar de compartir procedencia con el catálogo matriz de servicios y prestaciones económicas; Con unos costes desiguales en función del territorio y con una voluntad/capacidad diametralmente distinta en cuanto a la asunción de los costes de financiación y gestión de la misma. Y ya no hablamos de las diferencias económicas para el usuario que recibe la prestación de cada uno de los servicios … Esta es la radiografía nacional -somera, eso sí- de la Ley de Dependencia en España desde su aprobación en 2006.
Las comparaciones son odiosas. Pero no por ello, se hacen menos necesarias. Principalmente si de lo que hablamos es de la atención recibida en función del territorio de residencia. Vamos, que no es lo mismo -dicho con el mayor de los respetos- ser un octogenario en situación de dependencia en Galicia, que serlo en Extremadura o en la Comunidad de Madrid. Porque en función de la Comunidad en la que nos encontremos tendremos más opciones de ser residentes en un Centro de Mayores, o más posibilidad de ser usuario del servicio de Ayuda a Domicilio, tener un Asistente Personal, una Prestación Vinculada al Servicio o una Prestación económica para cuidados en el entorno familiar -a pesar de su carácter excepcional-. Sólo por citar algunos, puesto que el catálogo es extenso.
Ya antes de la crisis de la COVID, las diferencias eran lacerantes. Pero plenamente inmersos en ella, con las cifras de contagios, de fallecidos, de la gestión, de la capacidad de reacción, de las diferencias entre CCAA, de … he de coger aliento para proseguir…, hemos de demostrar una especial sensibilidad con el tema.
Porque hablamos de nuestros mayores, de varias generaciones que contribuyeron, pico y pala en mano, a levantar todo un país. No son números, son vidas.
No es mi intención la de hacer un análisis pormenorizado -no porque no esté interesada, muy al contrario- de si las distintas atenciones que venían siendo prestadas a nuestros mayores han sido claves en la gestión sanitaria de la pandemia. Pero sí, al menos, hacer una parada en una necesaria y responsable reflexión sobre la importancia del Sistema de Atención a la Dependencia y a la igualmente necesaria obligatoriedad de asumir el compromiso de equiparar servicios y prestaciones con independencia del lugar de residencia. Como igualmente necesario resulta el dar respuesta a la gran heterogeneidad del espectro de necesidades que tiene el colectivo de mayores de 65 años en España. Y para concluir, el derecho al acceso de los recursos no puede, desde ningún prisma posible, depender de la Comunidad en la que se viva.
