La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que el Ejecutivo regional «no descarta ninguna medida» tras conocer que quien fuera director general de Planificación de la Junta de Comunidades durante el mandato de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, pudo haber formado parte del supuesto «operativo parapolicial» para sustraer información sensible del PP investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Kitchen.
En rueda de prensa convocada este jueves, Blanca Fernández ha aseverado que el Gobierno regional no descarta ninguna medida «para preservar los intereses de la región». «Estaremos atentos a iniciativas que quieran sustanciar los grupos políticos en la Cortes regionales porque este es un asunto que afecta directamente a la Presidencia de Castilla-La Mancha entre los años 2011 y 2015 y habrá que vigilar si las acciones de Gómez Gordo o Cospedal pudieron suponer una merma en las arcas de la Junta de Comunidades», ha dicho.
Fernández ha referido que, según consta en el sumario, Gómez Gordo formó parte de un operativo parapolicial «vergonzante» montado para hacer desaparecer las pruebas de financiación irregular del PP.
Así, la portavoz ha relatado que Gómez Gordo, según revela el sumario, fue el encargado de captar la voluntad al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, e incluso le entregó dinero perteneciente a los fondos reservados del Estado con el fin de sustraer la documentación que se hallaba en poder de Bárcenas.
A la representante del Gobierno regional le parece «vergonzante» que un alto cargo de Castilla-La Mancha «se dedique a estas cosas» y se ha preguntado si además de entregar fondos reservados al chófer de Barcenas pudo dedicarse a tareas similares durante su paso por el Gobierno regional como persona de confianza de Cospedal.
En este punto Fernández ha recordado que durante el mandato de Cospedal «se montaron 50 querellas contra cargos socialistas y multitud de alcaldes que se vieron en los juzgados por procedimientos que en su mayoría resultaron archivados». Consecuentemente se ha planteado si Gómez Gordo se dedicaba «en exclusiva» a estos montajes de «querellas falsas» en la región, o a elaborar «informes falsos» que se publicaban en medios de comunicación nacionales, como fue el caso ‘Cuadrifolio’.
«Mientras Gómez Gordo, según el fiscal, era el enlace entre Villarejo y Cospedal, en Castilla-La Mancha se producían los mayores recortes de la historia en residencias de mayores, se despedía a 3.000 profesionales sanitarios, a 22.000 profesionales de servicios sociales y a 5.000 docentes, se cerraban escuelas rurales, se eliminaban becas de comedor y se dejó a la Universidad regional en los huesos», ha subrayado Fernández, quien ha lamentado que la nómina de este alto cargo fuera «pagada por todos los castellanomanchegos mientras se dedicaba al montaje de querellas falsas». «Es deleznable», ha remachado.
