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jueves, 21 noviembre
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Illa no descarta relajar el uso de la mascarilla desde los 6 años y atribuye a las Comunidades el cierre de colegios

Illa ha señalado que son las comunidades autónomas las que tienen competencias tanto en Sanidad y Salud Pública como en Educación, aunque el ministerio puede apoyar si hay casos que requieren un análisis un poco más profundo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no descarta relajar la obligatoriedad del uso de mascarillas en la escuela a partir de los 6 años si las condiciones lo permiten, al tiempo que ha recalcado que son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de cerrar colegios en caso de «transmisión generalizada y sostenida», que sería la «medida más extrema».

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro en rueda de prensa en Moncloa al ser preguntado por la previsión de la Generalitat de Cataluña, que este mismo jueves anunció que, debido a la situación epidemiológica en la que se encuentra, la «mayoría» de alumnos de más de 6 años deberá llevar mascarilla en las aulas (antes lo había establecido en los 12 años).

«Ayer acordamos conjuntamente todas las CC.AA usar la mascarilla en el entorno educativo a partir de los 6 años, esta es una acción coordinada de salud pública que recibió un apoyo total», ha asegurado Illa, pese a que Andalucía también aseguró que diversas comunidades autónomas habían solicitado establecer que el uso de mascarilla sea obligatorio cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y viceversa.

En cualquier caso, el ministro se ha abierto a ir «revisando» la medida, en función de cómo evoluciona la situación. «Es verdad que si en unas semanas, ojalá fuera así, hubiera una situación que permitiera relajar esta medida, la adoptaríamos, pero ayer el acuerdo que adoptamos fue éste y todas las CC.AA entendieron que, junto con otras medidas, era lo correcto», ha dicho en relación a los acuerdos alcanzados este jueves entre Gobierno y autonomías en la Conferencia multisectorial de Sanidad y Educación.

Respecto al cierre de colegios, ha señalado que son las comunidades autónomas las que tienen competencias tanto en Sanidad y Salud Pública como en Educación, aunque el ministerio puede apoyar si hay casos que requieren un análisis un poco más profundo. «Pero quien tiene la potestad de decretar esto son las CC.AA», ha señalado.

Illa ha recordado que el documento sobre detección de casos y brotes en la escuela se acordó en la ponencia de Alertas y Respuesta Temprana y fue validado por la Comisión de Salud Pública. «Son documentos en constante revisión en función de la evidencia científica que vamos recibiendo y me comprometí en el próximo Consejo Interterritorial a hacer una nueve relectura de este documento», ha añadido.

Así, ha recordado que establece cómo reaccionar ante un brote, considerado así en un centro educativo cuando haya tres o más casos. Ante un caso positivo, según ha señalado, si se da en un grupo de convivencia estable todas las personas tienen que cuarentenar y, si se da un aula, tienen que cuarentenar aquellas personas que son contacto estrecho. Si hay más de un caso positivo con vínculo epidemiológico se actúa de la misma manera.

Mientras, ha reiterado que si hay más de un caso sin vínculo epidemiológico, se tiene que hacer un análisis conjunto de indicadores, estudiar caso a caso, ver qué ha pasado y a partir de ahí tomar decisiones, que van desde suspender temporalmente un grupo, una clase o un ciclo, hasta la medida más extrema, que solo se decretaría en el caso de que hubiera una transmisión «generalizada y sostenida en el centro educativo» para temporalmente también llegar a decretar el cierre de la escuela.

Illa ha insistido en que una de las conclusiones a la que se llegó a la reunión de este jueves fue que «hay que volver al colegio, a las clases. «Hay que poner en marcha el sistema educativo de forma presencial. Hay un entorno seguro se dan las condiciones», ha subrayado.

En relación a la evolución de la pandemia y la apertura de colegios, ha dicho que la conclusión es que se debe iniciar la actividad educativa de forma presencial porque es «un derecho a la educación y hay garantías de hacerlo con seguridad».

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