La Consejería de Igualdad, después del trabajo previo con colectivos de la región y agentes sociales, va a publicar antes de que acabe este mes de junio la memoria inicial de la Ley que garantice los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha así como el decreto de inicio de norma. El siguiente paso será el inicio del trámite para sacarla a información pública.
Por ello, según han avanzado desde el departamento que dirige Blanca Fernández, también comenzará la revisión del borrador por parte de todas las consejerías del Gobierno regional, cada una en la parte que les afecta, «porque sacar adelante esta ley sigue siendo un compromiso político firme del Gobierno regional».
Entre el 18 de febrero y 8 de marzo, la Consejería abrió una consulta pública previa sobre la elaboración del Anteproyecto de Ley que garantice los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha, que recabó un total de 13 alegaciones.
Estas sugerencias –cuatro formuladas por particulares, ocho de colectivos LGTBI y una de CCOO– afectan a los ámbitos educativo, sanitario, laboral, cultural, social, protección ciudadana y reparación del daño de las víctimas de delitos de odio por orientación o identidad sexual y expresión de género a través de un régimen sancionador.
PLASMAR LA DIVERSIDAD POBLACIONAL DE C-LM
Y es que considera necesario proteger a las personas «frente a todo tipo de discriminación, para lo cual se debe reconocer sus derechos y garantizar una actuación integral desde todos los ámbitos de competencia autonómica».
Este reconocimiento social, defiende el Gobierno castellanomanchego, debe plasmarse de forma interseccional debido a la heterogeneidad y diversidad de la población de la región, tanto en entornos urbanos como rurales, que suman muchas identidades e intereses al mismo tiempo: género, raza, edad, religión, capacidades, posición social y económica, entre otros.
«El enfoque interseccional en las políticas LGTBI es imprescindible ya que su población sufre multiplicidad de desigualdades que, a su vez, generan nuevos tipos de discriminación», ha insistido.
De ahí que con esta legislación «totalmente novedosa», no existen en la región otras alternativas no regulatorias de actuación, quiera sensibilizar a la sociedad castellanomanchega hacia la diversidad sexual, especialmente en el medio rural y detectar, proteger, ofrecer una atención integral y reparar el daño a las víctimas de delitos de odio y discriminación por razón de orientación e identidad sexual y/o expresión de género.
Para ello, se adoptarán medidas y políticas públicas para garantizar la igualdad efectiva de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, se reconocerá a este colectivo y se le ofrecerá apoyo institucional para garantizar la igualdad de trato y oportunidades de estas personas en cualquier ámbito de la vida social y en particular en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica, cultural, deportiva, de orden público en general y en todas las etapas de la vida y todas las contingencias en su desarrollo humano.
«La finalidad de la futura norma es establecer las condiciones por las que los derechos de las personas LGTBI y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivos; facilitarles la participación y la representación en todos los ámbitos de la vida social e institucional de nuestra región; contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de estas personas y establecer medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, libre, inclusiva y democrática, basada en la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI y en la aceptación de la diversidad como un valor añadido» reza el texto.
