La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Comunidades que facture a las mutuas los importes correspondientes a los gastos originados en la atención a los empleados públicos y trabajadores de las entidades privadas que han sido atendidos por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) con motivo del COVID-19.
El sindicato, que ya planteó esta cuestión en el Comité de Seguridad y Salud Laboral del Sescam celebrado en abril y mediante reiterados escritos dirigidos a la Dirección General de Función Pública, espera una decisión firme por parte de la Junta, ya que esta patología está considerada como accidente de trabajo y la normativa establece que las mutuas se encargan del tratamiento de las contingencias profesionales de los trabajadores, ha informado en nota de prensa.
La Central Sindical subraya el desempeño realizado por el Sescam desde el inicio de la crisis sanitaria en la atención asistencial y en la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos y hospitalizaciones, lo que supone un esfuerzo que se ha extendido a los diferentes grupos de mutualistas, ya sea bajo el amparo de Muface o a través de Solimat en el caso de los empleados públicos, o en el resto de mutuas para trabajadores de empresa privada.
De hecho, CSIF aboga por no renovar el contrato que mantiene la Junta de Comunidades con Solimat, lo que conllevaría un ahorro para las arcas públicas que podría ir destinado a reforzar la Atención Primaria y la Atención Especializada del Sescam, que a su vez produciría a una mejor asistencia a toda la ciudadanía.
«No en vano, la gestión del Sescam es más eficiente y evitaría la externalización de servicios al contar con más medios, más profesionales y una plena disponibilidad horaria», subraya.
En este sentido, CSIF lamenta que Solimat, en una práctica que considerada «inmoral», no considere accidente de trabajo a las bajas por Covid del personal de gestión y servicios de centros e instituciones sanitarias y socio-sanitarias y que deniegue la situación de riesgo por embarazo de las trabajadoras del Sescam, que sólo concede a partir de la semana 24, amparado en el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
