El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado que el Ejecutivo regional se persone en el proceso judicial derivado del recurso interpuesto por las regiones de Murcia y Andalucía contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de autorizar en diciembre un trasvase desde la cabecera del Tajo hasta el Levante limitado a 7,5 hectómetros cúbicos solo para atender el consumo humano, y no los 20 hectómetros propuestos por la comisión de explotación del Tajo-Segura en ese momento.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, quien ha recordado que Castilla-La Mancha «nunca se ha negado a dejar agua para consumo humano», y limitar a estos 7,5 hectómetros aquella liberación hídrica «fue una magnífica decisión».
En su opinión, que el Ministerio que dirige Teresa Ribera tuviera en diciembre «un criterio propio basado en razones de sostenibilidad del río Tajo» es algo «muy importante».
«Esperamos que sigan las decisiones en este sentido para poner coto al método que aún permite trasvasar 20 hectómetros cúbicos cuando los embalses estén en situación límite», ha deseado.
