El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a sus servicios jurídicos a recurrir judicialmente la Orden del Ministerio de Transición Ecológica del mes de febrero, que destinó 16,2 hectómetros cúbicos a regadío desde la cabecera del Tajo hacia el Levante.
Con este, según ha recordado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, son ya 36 los recursos interpuestos ante los trasvases que son exclusivamente para regadío desde Castilla-La Mancha, recurso que no planteó en tres trasvases a lo largo de 2018 y 2019 que se produjeron solo para satisfacer el consumo humano.
Este recurso «está muy bien fundado» en los datos que sirven «para tomar decisiones» de la orden de explotación, tras haber detectado «errores e imprecisiones» que incumplen la ley.
Considera el Ejecutivo castellanomanchego que la lámina de agua mínima que debería respetarse en los embalses de cabecera hay que establecerla en 800 hectómetros cúbicos, en un contexto actual en el que en virtud del Memorándum vigente se puede trasvasar cuando hay más de 400.
