El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se ha mostrado confiado en que las líneas básicas que Castilla-La Mancha defiende de cara a la negociación de la reforma de la Política Agraria Común, que pasan por la convergencia de las ayudas y la eliminación de los derechos históricos, y que «probablemente sean las dos cuestiones de más difícil acuerdo», sean prioritarias en la negociación que el Ministerio del ramo va a abrir el próximo mes de julio con las comunidades autónomas.
Así lo ha asegurado Martínez Arroyo en declaraciones a los medios durante un receso del Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado este lunes, que servirá para preparar el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes, en el que el ministro español, Luis Planas, planteará las novedades en la negociación de la reforma de la PAC.
El consejero castellanomanchego, tras incidir en la necesidad de abrir «cuanto antes» el debate político a nivel nacional, ha indicado que el ministro se ha comprometido a hacerlo en mes de julio. «Es importante que se haga cuando antes, nosotros nos jugamos mucho. Castilla-La Mancha hizo los deberes hace dos años y ese documento que nos sirve de base sigue siendo válido, tras validarlo Bruselas», ha indicado.
«Espero que en julio podamos plantear la posición de España en Bruselas. Para esa fecha, y bajo presidencia alemana se prevé tener la cantidad de recursos públicos a disposición del sector agrario para el próximo periodo de programación y es importante tenerlo cuanto antes y sentar las bases de lo que va a ser la negociación en España. Gran parte de lo que va a afectar a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se va a decidir en Madrid, en una coordinación entre Ministerio y comunidades autónomas».
Dicho esto, el titular regional de Agricultura ha asegurado que el departamento que dirige Planas está de acuerdo con la «mayor parte de las cuestiones» que el Gobierno de Castilla-La Mancha está poniendo sobre la mesa, y que pasan por primar a los agricultores profesionales y apostar por la convergencia de las ayudas.
«Que cualquier agricultor del país cobre lo mismo por hectárea. Parece un análisis sencillo pero esto exige replantear la actual política que reconoce los derechos históricos de hace más de 20 años, que no son válidos», ha reiterado Martínez Arroyo, que ha insistido en abogar por un modelo redistributivo de las ayudas poniendo en marcha un techo por explotación, «de tal modo que esos fondos que se ahorren sirvan para apoyar a la agricultura familiar que son clave».
120.000 SOLICITUDES DE LA PAC
«En Castilla-La Mancha no queremos que nadie se quede fuera», ha dicho el consejero, que ha añadido que en la región, a 15 de junio y de forma provisional, se han registrado 120.000 solicitudes de la PAC, una cifra muy importante que el Ejecutivo autonómico no quiere perder, pues suponen sobre todo profesionales medianos, «que son los que viven en los pueblos y generan riqueza y empleo».
Martínez Arroyo, que ha precisado que este número de solicitudes se mantiene en la media de los últimos «tres o cuatro años», ha vuelto a reclamar que haya un techo por explotación «para que sean los grandes los que hagan el esfuerzo». «No puede ser que las administraciones públicas estemos financiando la actividad económica de las grandes explotaciones que en algunos casos no necesitan ayuda y no generan empleo, mientras se deja por el camino a agricultores pequeños y medianos», ha repetido.
En este punto, también ha vuelto a pedir que el próximo periodo del programa de la PAC contemple una ayuda acoplada al olivar bajo rendimiento, mayoritario en la región. «Hay 83.000 familias que tienen en Castilla-La Mancha plantaciones de este tipo que no pueden competir con un olivar intensivo sino hay ayuda específica por parte de la administración», ha defendido.
De igual modo, ha reclamado que el «esfuerzo» que en la región se ha hecho en el conjunto de agricultura ecológica sirva para argumentar el papel verde que tiene la PAC. «Estamos inmersos en un pacto verde europeo muy ambicioso y transversal que tiene su pata en el sector agrario y en esa estrategia del campo a la mesa. Para ponerla en marcha hay que contar con los agricultores y ganaderos y hace falta un ecoesquema, un ayuda específica para los que hacen agricultura y ganadería ecológica», ha añadido.
VINO
Por último, a preguntas de los medios, el titular castellanomanchego de Agricultura ha mostrado que las medidas extraordinarias adoptadas de manera «coordinada» con el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19 han sido «acertadas» y van a permitir mejorar la situación del sector y afrontar con un planteamiento positivo la campaña de la vendimia, ya próxima.
«Nuestro sector va a ser el primer beneficiario de estas medidas que se han adoptado a nivel nacional. Es verdad que en momentos de crisis tenemos que arrimar todos el hombro para que el sector salga fortalecido. Creo que las medidas han sido acertadas», ha concluido.
