La Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías (ATM) de Ciudad Real ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos de la provincia solicitando la reducción, aplazamiento y/o fraccionamiento de los impuestos municipales, como el IBI, el IAE o el Impuesto de Circulación.
Esta ha sido una de las cuestiones abordadas en la reunión por videoconferencia de dicha Junta Directiva, que ha tratado tanto los asuntos que más preocupan al sector, como otros de carácter más interno para esta organización, la cual se ha visto obligada a multiplicar esfuerzos durante los últimos meses «para garantizar el importante servicio que presta a sus asociados, que siguen creciendo en número».
De igual modo, desde la patronal de transporte, y en coordinación con Federación de Empresarios de Ciudad Real (Fecir), han reclamado la flexibilización o moratoria en el pago de cuotas de financiación de los vehículos (y baja temporal de los seguros de aquellos que se encuentren inactivos), aplazamiento de pago de las últimas facturas del carburante a las compañías petroleras y la posible creación de un plan de pago a proveedores mediante línea de avales que compense los impagos sufridos durante y posteriormente a la crisis.
Tras presentar y aprobar el estado de cuentas, la asociación ha repasado la situación del sector desde que se decretara el estado de alarma, haciendo hincapié en los principales problemas a los que los transportistas han hecho frente, como la ausencia de establecimientos donde comer y poder asearse, los retornos en vacío, el caos normativo, la morosidad o falta de liquidez de las empresas.
En la reunión, la Junta Directiva también abordó las últimas novedades en el plano internacional en cuanto al Brexit y la propuesta para el Plan Europeo de Recuperación, También se desgranó el Reglamento 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo, por el que se establecen medidas específicas y temporales aplicables en la renovación y ampliación del periodo de validez de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones.
En relación a este último se aclaró que España, finalmente, en la práctica sólo aplicará la normativa comunitaria en cuanto la renovación del CAP y de las tarjetas de tacógrafo de conductor.
Por último, los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías ciudadrealeña pusieron en valor al sector en general «como servicio esencial y no sólo durante esta crisis» y en particular a «los profesionales que sin parar han sabido adaptarse sobre la marcha».
