La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha anunciado dos nuevas líneas de ayudas puestas en marcha a poner en marcha desde su departamento, una primera medida con 6,7 millones de euros -el ‘Cheque COVID’- para que trabajadores que hayan sido despedidos durante la crisis vean incentivada su contratación y 3,5 millones más como línea específica para aquellos trabajadores que después de haberse visto inmersos en un Expediente de Regulación de Empleo no vuelvan a sus puestos de trabajo.
Así lo ha explicado Franco en su comparecencia en las Cortes regionales, para dar cuenta de las acciones llevadas a cabo por su departamento, donde ha avanzado además que se habilitará una línea de ayudas para aquellas personas que una vez superada la crisis quieran reducir su jornada laboral para dedicar parte de ella al cuidado de personas que lo necesiten, ayudas que también podrán destinarse a la contratación de personal para este cometido.
Para la consejera, la «prioridad» ha sido siempre «preservar la vida de las personas» desde que arrancara la crisis sanitaria, algo que «no ha estado reñido» con establecer medidas para la reconstrucción «desde el minuto uno».
Agilización de ERTEs, impulso de la FP telemática, la línea de avales para empresas o medidas para la industria son algunos de los 74 puntos incluidos en el plan autonómico que a través de 270 millones de euros y de forma pactada con agentes sociales y empresarios ya se están poniendo en marcha, estrategias a las que Franco ha añadido las ayudas de 25 millones de euros a fondo perdido a disposición de autónomos y empresas aprobadas esta semana, «la convocatoria más ambiciosa» que asegura haber aprobado desde que es consejera.
Posteriormente, en su comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes, Franco ha señalado que su Consejería ha comenzado dos obras, la del Centro Nacional de Referencia Aeronáutico de Illescas y la de la Mezquita de Tornerías de Toledo, así como que se han licitado otras dos, las de las oficinas de empleo de Illescas y La Roda. Del mismo modo, ha revelado que el proyecto para la oficina de empleo de Puertollano ya está redactado y saldrá a licitación «en breve».
En conjunto, cinco obras que movilizarán cerca de cinco millones de euros con las que el departamento dirigido por Franco pretende «dar un poco de aliento» al sector de la construcción.
«NADIE ESTABA PREPARADO»
Patricia Franco ha defendido que «nadie» estaba preparado para una crisis «de esta magnitud, que ha tocado todos los frentes», y ha considerado que «aún es pronto para evaluar los efectos directos» en la microeconomía de la región. Sin embargo, sí ha comentado que los primeros indicadores señalan que «a diferencia de otras recesiones, esta es totalmente distinta por la virulencia del impacto en unas semanas».
A pesar de ello, la consejera ha querido lanzar un «mensaje optimista» porque a pesar de que «la anchura de la grieta del COVID-19 es alta», la región está «mucho mejor preparada» para superar el bache. «Hace diez años no habíamos construido unos pilares para avanzar, ahora somos una economía, a pesar de la dificultad, más fuerte que en la crisis de 2007», ha sostenido.
Del mismo modo, ha reivindicado que su consejería ya se estaba organizando «antes de que se supieran las dimensiones en las que nos íbamos a adentrar» y que el Consejo de Gobierno aprobó un primer decálogo de medidas «a tres días escasos» de la declaración del estado de alarma. En este punto, ha defendido que su departamento ha sabido actuar como «un canalizador» de la información hacia las empresas, habiendo conseguido resolver 4.590 consultas, el 86% de ellas de manera telefónica, y otras 650 más a través de medios digitales.
En este sentido, ha defendido que en el Gobierno regional fueron «muy ágiles» para «evitar que los destrozos fueran mayores» en cuanto al empleo, intentando además «reorientar» la industria «al máximo» para fortalecerla.
EL EMPLEO, EN LA SITUACIÓN DE 2017
Franco ha señalado que la epidemia de coronavirus ha devuelto a la región «a la situación de 2017» en materia de empleo, aunque ha matizado que «en los años de 2011 a 2015 estábamos bastante peor», lo que ha considerado «un halo de esperanza». Asimismo, ha defendido que los ERTEs «sin duda van a permitir mantener ese cordón umbilical necesario entre el trabajador y la empresa».
«Pero tenemos que estar muy vigilantes a cómo se produce ese retorno al ámbito laboral tras los ERTEs», ha advertido, asegurando que desde el Ejecutivo autonómico se tomarán «todas las medidas de estímulo necesarias» para «contener» los despidos tras los ERTEs.
Patricia Franco también ha hecho hincapié en la afección que ha sufrido el turismo con la epidemia, que ha «golpeado de lleno a la línea de flotación» de un sector «estratégico» que «llevaba cuatro años batiendo récords».
Por ello, ha manifestado que el plan de medidas extraordinarias puesto en marcha por el Gobierno castellanomanchego tiene medidas específicas para el turismo «porque necesita una mirada especial», así como también el sector del comercio, «que ha sufrido daños tremendos».
Todo ello, ha continuado la consejera, «tiene repercusión en el PIB» de la región, aunque ha puesto en valor que, según los informes de la AIReF o BBVA la caída «será menos drástica» aunque el crecimiento «también sea un poco más lento».
RESPUESTA DE LOS PARTIDOS
Por parte de los grupos políticos, el diputado de Cs David Muñoz Zapata ha considerado que «una caída del 4,4% del PIB, la mayor de España solamente superada por Baleares, no demuestra que estamos preparados para una crisis, más bien lo contrario».
En cuanto a las medidas propuestas por Patricia Franco, Muñoz Zapata ha opinado que los esfuerzos deberían centrarse en «intentar que las empresas no despidan, no en subvencionar a las que contratan». «Con un colchón, evitaríamos algún despido más», ha añadido.
Del mismo modo, ha considerado que el requisito de una pérdida del 60% de la facturación para acogerse a algunas ayudas «expulsa a muchísimos negocios» de la misma, al igual que el del mantenimiento de los puestos de empleo, ya que, en su opinión, es «muy difícil» de cumplir.
Mientras, del lado del PP, la parlamentaria Gema Guerrero se ha preguntado si para la adopción de estas iniciativas «no es necesario otro presupuesto» y ha reclamado saber «qué partidas van a ser necesarias para paliar los efectos del COVID-19» y cómo se van a financiar estas medidas.
De su parte, el también diputado ‘popular’ Miguel Ángel Rodríguez ha pedido a la consejera que en el Ejecutivo autonómico «no usen el COVID-19 como coartada de su mala gestión», poniendo el acento en que el paro «se disparó en el primer trimestre», algo que «todavía no es imputable» a la crisis provocada por el coronavirus.
Igualmente, ha felicitado a los funcionarios que han «cargado» con el trabajo de la gestión de los ERTEs en la región, pero ha preguntado a Franco «cuántas de esas personas han cobrado ya su prestación». «Haga las gestiones oportunas para que esa gente cobre cuanto antes», ha concluido.
Finalmente, el diputado del PSOE Antonio Sánchez Requena ha declarado que la comparecencia de la consejera ha sido «una muestra más de que el Gobierno transmite información con total transparencia» y ha calificado de «desleal» la actitud del PP.
«Mientras este Gobierno y todos los gobiernos se dedicaban a cumplir con su obligación, aquí nos hemos encontrado una oposición que se ha dedicado a pedir dimisiones», ha lamentado.
Finalmente, la también socialista María Jesús Merino ha puesto el foco en las medidas pensadas para los sectores del turismo y el comercio, poniendo de relevancia la importancia de cara al futuro de «generar confianza como destino turístico».
