El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mostrado satisfecho con los 600 millones de euros que la región podría recibir del fondo que va a crear el Ejecutivo central para las comunidades autónomas, pues considera que los criterios de reparto del mismo son «justos». De ahí que haya pedido a los diputados del PP en la región que apoyen esta propuesta cuando sea tramitada como decreto-ley en el Congreso de los Diputados.
El responsable de las finanzas castellanomanchegas ha hecho esta petición durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en la que ha desgranado los pormenores de la reunión mantenida este lunes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que debatió con los consejeros de Hacienda autonómicos los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciados el fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«La propuesta de la ministra es justa. Ayer le trasladé la conformidad de Castilla-La Mancha con los criterios de reparto, pues los recursos van a compensar en mayor porcentaje posible el gasto que la pandemia va a suponer en el conjunto de las administraciones regionales, sobre todo en gasto sanitario», ha defendido Ruiz Molina, que ha insistido en que lo propuesto coincide con la reclamación realizada por el presidente regional, Emiliano García-Page, este pasado domingo.
Según lo avanzado por Montero, en el reparto de los primeros fondos los ingresos en UCI que ha registrado cada autonomía supondrán el 35% y los hospitalizados, otro 25%, es decir, el 60% en total, mientras que los casos de COVID-19 confirmados por PCR significarán un 20% y el otro 20% restante, el dato de población.
PROPUESTA «PROPORCIONAL»
En este sentido, el consejero ha incidido en que la propuesta de la ministra es «proporcional», pues está «en consonancia con el efecto de la pandemia en cada territorio, usando los datos objetivos del número de PCR confirmados, el número de contagios y el gasto en el que ha incurrido cada red hospitalaria por esos contagios, tanto por los ingresos hospitalarios como por los ingresos en las UCI, cuyo gasto es superior a los ordinarios en hospitalización».
Dicho esto, Ruiz Molina ha precisado que lo planteado por Montero «no deja de ser una propuesta», pues para que sea realidad ha de tramitarse por decreto-ley y ser aprobado en el Congreso de los Diputados.
«Reconociendo que los criterios van en la línea de lo que defiende Castilla-La Mancha y que es satisfactorio para la región, aprovecho para pedir a los diputados del PP de Castilla-La Mancha que cuando se tramite dicho decreto-ley en el Congreso lo hagan de acuerdo con los criterios que ha propuesto la ministra, que ha dicho que este decreto está al albur de lo que digan las diferentes fuerzas políticas», ha advertido el consejero castellanomanchego, que ha insistido en que el Gobierno regional «velará» para que el decreto-ley se apruebe en los términos propuestos por el Gobierno central.
Así las cosas, Juan Alfonso Ruiz Molina ha explicado que en el reparto del fondo articulado no se tiene en cuenta la inversión que cada región ha realizado en gasto sanitario en los últimos años, aunque, en el caso de Castilla-La Mancha, sale «bien parada», pues es una de las regiones que más ha invertido en relación con su PIB, al haber destinado un 7,1% del mismo, por encima del 5,5% de la estadística nacional.
Por último, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que en la reunión de este lunes se abordó otra cuestión de importancia para Castilla-La Mancha, como son los Fondos Estructurales, y de Inversión Europeos (Feder) y se autorizó a las regiones imputar a estas partidas, que gestionan los gobiernos regionales, gasto de carácter sanitario ocasionado por la pandemia.
