El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que será el Senado donde se celebrará el 26 de octubre la próxima Conferencia de Presidentes con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Así lo ha revelado durante la presentación en La Moncloa del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’ que el Gobierno remitirá a Bruselas próximamente y que contiene su estrategia para afrontar la crisis del coronavirus y los retos de la próxima década para la «segunda modernización» de la economía española.
El jefe del Ejecutivo ya había anunciado en el Foro La Toja la convocatoria de una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes a la que, como novedad, acudiría Von Der Leyen para abordar la gestión de los fondos europeos de recuperación, pero se desconocía el lugar donde tendría lugar.
Finalmente, Sánchez ha desvelado que será el Senado donde se vuelva a ver las caras con los presidentes autonómicos y en esta ocasión también con la presidenta de la Comisión Europea. La última Conferencia de Presidentes tuvo lugar a principios del pasado mes de septiembre para abordar la vuelta a la clases.
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS
El presidente ha hecho este anuncio al destacar la importancia de la cogobernanza junto a las comunidades autónomas. Según ha explicado, en los debates habituales de la Conferencia de Presidentes se introducirá el tema del fondo de recuperación, para tratarlo con las comunidades autónomas y con las entidades locales, y se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos.
Sánchez ha indicado que ese es uno de los cuatro ámbitos en los que el Gobierno pretende «desarrollar y reforzar estructuras de seguimiento y coordinación» para «garantizar la correcta ejecución de los fondos» en los próximos seis años.
El segundo ámbito, según ha detallado, es el del «buen gobierno», con la creación de una «comisión interministerial para la recuperación, la transformación y la resiliencia» que presidirá él mismo y en la que participarán todos los ministros de las áreas de gobierno más vinculadas con la ejecución del plan. Asimismo, se constituirá en la Moncloa una «unidad de seguimiento para la correcta ejecución y desarrollo» del mismo.
INTERLOCUCIÓN CON EMPRESAS Y TRABAJADORES
En tercer lugar, el jefe del Ejecutivo ha garantizado una interlocución «continua, intensa y muy próxima» con las empresas, los trabajadores y representantes del mundo académico que participan en los proyectos a través de varios foros y consejos de alto nivel, potenciando la colaboración público-privada y el diálogo con los agentes sociales.
Esos foros de alto nivel se centrarán en asuntos como la ciencia y la innovación, la digitalización y la energía, el agua, la movilidad, la industria, el turismo, el reto demográfico, la cultura o el deporte.
El cuarto ámbito en el que se reforzará el seguimiento y la coordinación en la utilización de los fondos es el de la rendición de cuentas. Según ha precisado Sánchez, se hará a través de mecanismos como la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Comisión Europea, para lo cual el Gobierno hará una propuesta a la Mesa de la Cámara Baja.
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha señalado que, para garantizar «la eficacia y la agilidad en la absorción de los fondos», se impulsará una «reforma profunda» de las normas y leyes de la Administración General del Estado.
En primer lugar, ha mencionado el diseño de una gobernanza para los fondos que sea «eficaz», fortaleciendo las estructuras administrativas, y que además sea «plural» -incluyendo a las comunidades autónomas, los municipios y el sector privado- y «responsable», cumpliendo con los criterios y condiciones a los que se ha comprometido España ante la Unión Europea.
REFORMAS LEGALES
Igualmente, ha adelantado que el Gobierno acometerá reformas legales y administrativas «para que la gestión de fondos sea impecable y se ejecuten de manera transparente y ágil» en los próximos años.
Así, Sánchez ha anunciado un decreto ley «para eliminar todos los cuellos de botella y las trabas administrativas existentes», que incluirá cambios en aspectos de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Subvenciones y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que «a menudo suponen un obstáculo para la gestión y la absorción de los recursos». A su juicio, en este momento se necesita «más flexibilidad».
Por último, ha afirmado que se revisarán todos aquellos aspectos operativos o de gestión que el Gobierno vea conveniente modificar.
«En definitiva, vamos a eliminar trabas administrativas y resolver cuellos de botella que ralentizan y entorpecen la contratación y la ejecución de proyectos», reformando la Administración Pública para hacerla «mucho más eficaz, ágil y transparente», ha manifestado, pidiendo también la colaboración de los gobiernos autonómicos y locales para que «la burocracia no obstaculice la recuperación».
