El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley para reformar la Ley de cadena alimentaria y garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias, según informó ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Congreso.
Este decreto ley, ha explicado, permitirá «un refuerzo de la posición negociadora» de los productores agrícolas y ganaderos, un «mayor equilibrio en la cadena alimentaria» y una «mayor transparencia en el proceso de formación de los precios».
Tras comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar la reforma de la Ley de cadena alimentaria, se reunirá con la mesa del diálogo agrario y las tres asociaciones convocantes de las movilizaciones en el campo, Asaja, UPA y COAG.
Planas ha insistido que el Gobierno reconoce «como legítimas las reivindicaciones que se plantean» y que, por tanto, en el Ejecutivo han tratado de darles respuesta «desde el primer día».
En su comparecencia en el Congreso, Planas ha señalado que la reforma de la cadena alimentaria se hará «en dos tiempos»: el primero, con medidas más inmediatas en un decreto ley con los puntos «más significativos», y después con la trasposición de la directiva europea del ramo, que espera poder tener lista antes del plazo límite de mayo del próximo año, y ha pedido para ello «reposo», una «profunda» y «buena discusión parlamentaria».
En todo caso, ha explicado que a lo largo de la legislatura prepara varios cambios legales, como la prohibición de que no se liquiden al productor productos no vendidos, una nueva Ley de Inteprofesionales para mejorar que la distribución esté presente. Planas ha dicho que la inteprofesional de cítricos «es manifiestamente mejorable» y en frutas de hueso «tiene que crearse».
Asimismo, en la cadena alimentaria también ha avanzado de un refuerzo en la información de precios, con un proyecto relativo a las lonjas de cotización de los productos agrarios para «las próximas semanas» que actuará, ha dicho, en «un aspecto muy importante para la formación de precios y los canales comerciales alternativos», ha dicho, citando la venta en corto, el comercio electrónico o los mecanismos de entrega.
Otros proyectos que contempla es la Ley de integración de cooperativas, para lo que ha reclamado la colaboración «de forma activa» de las comunidades –«Si no, no conseguiremos un éxito», ha dicho– y la revisión de la Ley de titularidad compartida, pues cree que la regulación de 2011 «no ha conseguido todos sus efectos».
