La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha va a celebrar una sectorial de vino la semana próxima «para analizar y proponer medidas urgentes e inmediatas», relacionadas con el impacto del coronavirus en el consumo y el mercado del vino.
En un comunicado, el responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco, ha indicado que «el frenazo absoluto y las poco esperanzadoras perspectivas de los próximos meses del canal Horeca, hostelería y restauración, han provocado un descenso más que cuantioso en las ventas de vino de los viticultores» lo que hace necesario activar «medidas urgentes».
Según ha explicado, la situación de estos dos meses ha provocado el cierre de las fronteras, a lo que se suma la situación de los países compradores como Francia e Italia, los aranceles de EEUU y la situación del Brexit.
Desde Bruselas se han activado una serie de medidas de apoyo y ayuda al sector como la financiación de la destilación de crisis y del almacenamiento privado mediante los programas nacionales de apoyo al vino que UPA ve necesaria para enlazar una campaña con la siguiente siempre que «disponga de fondos suficientes para hacer una destilación de crisis efectiva».
Pero para ello, el nivel presupuestario «se antoja fundamental», según la organización agraria, que propone que, igual que el año anterior hubo 14,6 millones de euros que no se ejecutaron en el Programa Nacional del Sector Vitivinícola, en el programa de este año se podrían destinar los fondos sobrantes o no ejecutados a estas medidas derivadas de la COVID-19.
«Bruselas propone el incremento de la contribución de la Unión a las medidas incluidas en los Planes Nacionales; la posibilidad de que los Estados Miembros los cambien según sea necesario en 2020, en lugar de sólo dos veces al año; el aplazamiento del plazo para solicitar y realizar la cosecha en verde, así como para permitir la cosecha en verde en la misma parcela durante años consecutivos y una retirada parcial de la producción, por lo tanto para zonas con Denominación de Origen o zonas con la norma de comercialización que pretende poner topes de rendimientos en las parcelas y que sería una ayuda directamente a la renta de los viticultores», ha destacado García-Gasco.
Asimismo, permitir el pago a los beneficiarios por las medidas plenamente ejecutadas en el marco de los PASVE (Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español) aunque no se haya completado la operación general; y la prórroga por un año la validez de las autorizaciones de plantación de vino que expiran en 2020.
Desde UPA consideran que se trata de una serie de medidas que, si no solucionan el problema derivado de la crisis sanitaria del coronavirus, la cual es la primera que se debe de atajar, «sí al menos podrán ir dando opciones y alternativas al sector que, asimismo, necesita un análisis serio de cómo se encuentra para que las medidas se centren en soluciones urgentes y atinadas».
