El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha pactado con todas las comunidades autónomas, a excepción de Madrid y Euskadi, un acuerdo con 14 puntos sobre el próximo curso escolar que establece que la ‘vuelta al cole’ se producirá en septiembre, como es habitual, con la actividad presencial como «principio general» a pesar de la amenaza del coronavirus.
Así lo ha anunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, este jueves tras la reunión telemática que ha mantenido con los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación, la cuarta desde la declaración del estado de alarma. En el encuentro ha presentado también un documento con recomendaciones sanitarias para los centros educativos a partir de septiembre, aunque se ha quedado fuera del acuerdo por las objeciones de varios representantes autonómicos.
El acuerdo suscrito por el Ministerio de Educación y las comunidades establece que el curso 2020-2021 tendrá 175 jornadas lectivas y los centros educativos deberán adaptar sus programaciones didácticas para «recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados» en los meses de enseñanza a distancia durante el confinamiento. También se tendrán que realizar, según lo acordado, planes de seguimiento y apoyo para el alumnado con más dificultades.
Con este acuerdo, las comunidades autónomas asumen la elaboración de protocolos para garantizar la higiene, la limpieza y el control sanitario en los centros. Planes que prepararán junto a los servicios de prevención de riesgos laborales, y que incluirán medidas específicas para la atención de las personas incluidas en el grupo de riesgo.
Las comunidades también se encargarán de elaborar los planes de contingencia de los centros ante las «eventualidades» que pueda provocar la evolución de la pandemia en el desarrollo del curso escolar, y tendrán que tomar «las medidas necesarias» para que los centros mantengan sus servicios de transporte y comedor escolar «en condiciones de seguridad».
Del mismo modo, recae en las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias educativas, el objetivo de «reducir la brecha digital» y «limitar» sus consecuencias entre el alumnado, aunque el Ministerio colaborará en mejorar la «oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital» de profesores, familias y alumnos.
SOLO LA DISTANCIA ES OBLIGATORIA
En este acuerdo no se incluyen las recomendaciones sanitarias anunciadas este pasado miércoles por el Ministerio de Educación para el próximo curso. Entre ellas, que los escolares de Educación Infantil y de los primeros cursos de Primaria no tengan que mantener una distancia interpersonal de metro y medio ni tampoco usar mascarillas en clase porque serán grupos «estables de convivencia» que evitarán mezclarse con los alumnos de otras edades.
La ministra Celaá ha recalcado este jueves que ese documento, elaborado junto al Ministerio de Sanidad, es solo una «base» que todavía puede recibir aportaciones de las comunidades autónomas y que, por lo tanto, no es definitivo ni de obligada aplicación para el próximo curso.
Algunas comunidades, como Galicia, Castilla y León o Región de Murcia, han presentado objeciones durante la reunión a este documento de recomendaciones sanitarias, y han pedido posponer su votación a una futura reunión, para tener tiempo de estudiarlo con los responsables de Sanidad de sus respectivos gobiernos regionales. Según fuentes autonómicas consultadas por Europa Press, el documento ni siquiera se había incluido inicialmente en la convocatoria de la reunión.
Este documento con medidas de prevención e higiene frente al coronavirus fija clases de hasta 20 alumnos a partir de septiembre, aunque lo «ideal» sería no superar los 15 escolares por aula. La ministra ha asegurado que eso no supone reducir las ratios de estudiantes por profesor que marca la ley. «Es una alternativa pero no es de obligado cumplimiento», ha dicho la ministra.
Entre otras recomendaciones, el documento también establecía que, a partir de 5º de Primaria, los pupitres deben estar separados a metro y medio en todos los cursos. La misma distancia que tendrán que guardar los estudiantes para evitar contagios dentro del centro. Cuando esa separación no sea posible, el uso de mascarillas se impone como obligatorio.
DISTANCIA SOCIAL POR LEY
En la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial, la primera que ha celebrado Celaá con periodistas en la sala desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, la ministra de Educación ha aclarado que la separación de metro y medio es, de momento, la única medida obligatoria por ley para los centros educativos el próximo curso.
Lo ha dicho recordando que esta medida aparece en el real decreto ley que regula la nueva normalidad, aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros, donde se obliga a los centros educativos a tomar «medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros».
Por ello, Celaá ha advertido a comunidades como Madrid, crítica con esta medida, que sería ilegal no respetar la distancia de seguridad entre los escolares el próximo curso. «Si Madrid no respeta la distancia estaría incumpliendo la ley, y no creo que esté en esa disposición», ha dicho la ministra.
Celaá ha asegurado que «todos los centros educativos de España» están trabajando ya en «optimizar sus espacios» para favorecer la distancia de seguridad entre el alumnado. Esto incluye la utilización de comedores, gimnasios o bibliotecas para recibir clase, incluso recurrir a instalaciones ajenas «cuando un centro no pudiera de ninguna de las maneras encontrar espacios adicionales», ha precisado.
MADRID CONSIDERA «LETAL» REDUCIR LAS CLASES
Las dos comunidades que no se han sumado al acuerdo, País Vasco y Madrid, ha expuesto razones distintas para descolgarse. Mientras la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha defendido su autonomía para diseñar el próximo curso escolar, el consejero madrileño, Enrique Ossorio, ha calificado como «letales» algunas de las medidas planteadas para evitar contagios de coronavirus.
«La cifra de un máximo de 20 alumnos por aula es letal para una vuelta normal al curso 2020-2021», ha asegurado Ossorio a la conclusión de la Conferencia Sectorial, aunque esa medida sanitaria no estaba incluida en los 14 puntos a los que ha rechazado adherirse.
El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso es el más crítico con la medida de distanciamiento social de metro y medio entre alumnos, porque los centros educativos madrileños «no están preparados» para adaptarse a esta situación, según el consejero Ossorio.
CATALUÑA SE SUMA AL ACUERDO PERO TRANSMITE «MALESTAR»
Por su parte, el conseller de Educación de Cataluña, Josep Bargalló, ha explicado que el Govern se ha sumado al acuerdo sobre el próximo curso porque lo interpreta como «orientativo» sin tener «carácter normativo o reglamentario», y durante la reunión de la Conferencia Sectorial ha transmitido su «malestar» por el hecho de que el Ministerio de Educación anunciase este miércoles las medidas sanitarias para el próximo curso.
El conseller ha insistido en que una vez superado el estado de alarma, como será el inicio del curso 2020-2021, las competencias para dictar medidas sanitarias recaen en la Generalitat.
