El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio con todas las consejerías autonómicas con competencias en la gestión de residencias de mayores y les ha pedido información sobre cuestiones como las medidas adoptadas para dotar o reforzar la atención sanitaria en centros residenciales públicos o privados; los protocolos seguidos en la derivación de residentes a centros hospitalarios; o la habilitación de centros y establecimientos públicos o privados para la atención monográfica por COVID-19.
Además, considera que, ante la pandemia del coronavirus, la «dramática» situación que se vive en muchos centros de mayores «refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción y exige una revisión profunda del sistema».
Así lo ha puesto de manifiesto la institución, que ha recordado que lleva años alertando de «las carencias de medios y personal» en muchos de los centros residenciales para personas mayores de toda España. «Problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis», ha subrayado.
En su opinión, el sistema residencial en España ofrece «una atención sanitaria a sus residentes de carácter general que no debe impedir que, en caso de que se detecten problemas o se necesite una atención más especializada, sean derivados al sistema público de salud que proceda».
En este sentido, cree que otro modelo de residencias de mayores, «más propiamente sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa, sería posible», pero ha indicado que «en España no está regulado ni ha sido así organizado de forma general para todo el sistema».
Además, defiende que los familiares de los usuarios tienen derecho a obtener información completa y actualizada sobre su estado de salud, y hace hincapié en la necesidad de utilizar herramientas prácticas y tecnológicas que permitan a los usuarios comunicarse con sus seres queridos.
QUEJA DE PLENA INCLUSIÓN
Por otra parte, tras recibir una queja de la asociación Plena Inclusión en la que denunciaban el acoso que sufren algunas personas con discapacidad intelectual cuando salen a dar paseos terapéuticos, paseos que sí permite el decreto por el que se regula el estado de alarma, el Defensor inició otra actuación ante la Secretaría de Estado de Seguridad.
En su escrito, Fernández Marugán ha propuesto a la citada administración que, «dado que desde el punto de vista normativo no existe impedimento a estos movimientos, realice una campaña de divulgación y difusión sobre la existencia de estas excepciones para que las personas con discapacidad no sean víctimas de acoso o agresiones».
Finalmente, pide que se sancione «a quienes con su conducta incívica vulneren el derecho de estas personas a ejercer su libertad de circulación y sus salidas terapéuticas mientras dure el confinamiento decretado en el estado de alarma.
