CCOO-FSC CLM ha instado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a intervenir las contratas del Transporte Sanitario y garantizar la viabilidad del servicio, que, según considera el sindicato, las contratas adjudicatarias están poniendo en riesgo al obligar a las plantillas a realizar sin los EPIs preceptivos el traslado de enfermos de Covid-19, posibles, probables y confirmados.
«Desde el inicio de la pandemia, todos los protocolos, procedimientos y documentos técnicos emitidos por el Ministerio de Sanidad establecen que el personal que presta el servicio del Transporte Sanitario debe hacerlo provisto de mascarillas FFP2, mascarillas quirúrgicas (para proteger las vías respiratorias), gafas protectoras, guantes y traje corporal de protección Categoría III (Tipo Buzo). Sin embargo, en Castilla-La Mancha no hay ninguna provincia donde las contratas adjudicatarias del servicio estén proveyendo de estos elementos a sus trabajadores», ha denunciado CCOO en nota de prensa.
«Los trabajadores se los tienen que buscar por su cuenta, reutilizar mucho más allá de lo establecido en las prescripciones técnicas o compartir con los trabajadores de los turnos sucesivos», han añadido desde el sindicato, que denuncia que el titular del servicio, el Sescam, se está ocupando de garantizar la necesaria dotación de EPIs. «La última vez que entregó material a las plantillas del transporte sanitario -una bata por trabajador- fue el 21 de marzo», ha criticado.
Según CCOO, pese a que los sindicatos están denunciando los hechos a la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo Social, las empresas hacen caso omiso o se limitan a aparentar el cumplimiento de las resoluciones. «Ante la desesperación de los trabajadores, los autos judiciales y los requerimientos de la Inspección se quedan en agua de borrajas», ha añadido.
De ahí que el secretario general de CCOO-FSC en Ciudad Real, Alfonso Tercero, haya denunciado ante la Fiscalía a la contrata SSG por un presunto delito contra el artículo 316 del Código Penal, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
«No sabemos cómo actuará la Fiscalía, que sin duda tendrá también muchísimos frentes abiertos; ni el recorrido judicial que en su caso pueda tener esta iniciativa, pero no podemos dejar de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal unos hechos presuntamente delictivos de tal gravedad», ha explicado Tercero.
«No sólo se pone en riesgo la salud de los trabajadores, la de sus familias y la Salud Pública. Se está poniendo en riesgo hasta la continuidad del servicio, porque siguen aumentando las bajas por covid-19 entre los trabajadores y trabajadoras de las contratas. El pasado día 11 falleció por esta infección un compañero, el técnico de UVI en Tarancón Raúl C. R., de 51 años», ha terminado recordando.
