Mucho se ha hablado, y con razón, tras las polvorientas y polémicas declaraciones de la Ministra de Educación en funciones, la Señora Celaá, ante los asistentes al XV Congreso de Escuelas Católicas celebrado la pasada semana en Madrid. En dicho foro, la representante del Gobierno de España sostuvo que la libertad de elección de los padres del tipo de centro para la educación de sus hijos no emana del artículo 27 de la Constitución. Hay que aclarar que en dicho Artículo 27 se reconoce, expresamente, la libertad de enseñanza, así como el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Por mucho que la Señora Celaá intentase vanamente, y sin mucho acierto, matizar posteriormente sus declaraciones, pero sin desdecir ni negar sus afirmaciones, y tratase de esquivar la polémica suscitada, la realidad es que su objetivo estaba plenamente conseguido. Y éste no era otro que el de comenzar a sembrar la duda y el doble juego -por no decir la doble moral de la izquierda- en lo relacionado con la Educación Concertada en nuestro sistema educativo.
Cuando una Ministra del Gobierno de España lanza un discurso (sea quien sea quien se lo redacte) sabe muy bien lo que dice y, sobre todo, a dónde y a quiénes va dirigido. Y la oportunidad de dirigirse directamente a los representantes de la Escuela Concertada Católica era una ocasión única para lanzar ese mensaje. Un mensaje envenenado que se trata de una declaración de intenciones, en toda regla, de la hoja de ruta que pretende llevar a cabo el actual ejecutivo en funciones si consigue la formación de gobierno con sus socios preferentes de PODEMOS, de tinte comunista. No es descabellado pensar que el propio Presidente en funciones, el Señor Sánchez, le trasladase a su Ministra la necesidad de hacer un guiño valiente a Pablo Iglesias como muestra y prueba de que “lo suyo va en serio”. Tenía el escenario perfecto para ello. Y la verdad es que fue valiente.
Y todo esto no son figuraciones. Existen, desde hace varios años en España, y de manera muy evidente en Castilla-La Mancha, planes para cuestionar e intentar desmantelar la Educación Concertada desde distinto ámbitos. Encontramos un sinfín de evidencias procedentes de determinadas ideologías políticas de izquierda, encaminadas a reducir las dotaciones presupuestarias destinadas a los conciertos educativos en varias Comunidades Autónomas. Así ocurrió en nuestra región con el pacto de gobierno entre el Señor García Page con sus socios de PODEMOS para la reducción progresiva del presupuesto para la concertada. Lo que ahora quiere hacer ver el Señor Page ofreciendo Castilla-La Mancha como un “valor refugio” para las familias que opten por la concertada, fue en su momento el laboratorio de pruebas entre el PSOE y PODEMOS para poner en práctica sus planes de exclusión de la Escuela Concertada.
Pero, alejado de todo ello, la realidad y la demanda social en el ámbito educativo es incuestionable. Queda fuera de toda duda la gran demanda social existente en España acerca de la Escuela Concertada. Se elevan a 3,5 millones las familias de nuestro país que eligen este tipo de educación para sus hijos. En torno a un 30% del alumnado, o lo que es lo mismo en torno a 2 millones de estudiantes españoles son los que cursan sus estudios no universitarios en los casi 3.000 centros concertados de toda España.
Y si esto es así, la existencia de tanta demanda de familias que eligen centros concertados, no es por casualidad. La calidad educativa que ofrecen este tipo de centros está sobradamente contrastada. Según datos oficiales, de los centros con más demanda por parte de las familias, los centros concertados están, año tras año, entre los primeros puestos. Y la causa estriba en la calidad educativa que se ofrecen en ellos en todos los niveles educativos. Una calidad educativa que va más allá de los contenidos puramente curriculares, y que se abre a las familias ofreciendo una labor social de transmisión de valores morales en los que la Escuela Concertada encuentra su aspecto diferenciador. Y eso a las familias no les pasa desapercibido.
Y, en medio de todo ello, por si fuera poco, otro dato que no debe pasar por alto es el ahorro que para las arcas públicas supone la Educación Concertada. Se estima que el gasto público de la concertada está en torno a 2.900 € por alumno y curso. El gasto por alumno de la pública asciende a más de 5.800 € por alumno. Es innegable lo que supone de ahorro para el Estado la existencia de los centros concertados y que se cifra en torno a más de 3.000 millones de euros de ahorro.
En conclusión, y a pesar de las amenazas y mensajes lanzados continuamente desde los sectores de la izquierda para cuestionar la Educación Concertada, negando incluso el derecho constitucional de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos, como ha hecho ahora la Señora Ministra, la razón y la realidad que subyace es palpable. Y es que es inviable acometer el desmantelamiento de la concertada que pretende la izquierda. Las familias, la sociedad, la realidad y la inteligencia prevalecen sobre determinados planteamientos sectarios de aquéllos quienes no consienten que otros piensen diferente.
Y la Educación Concertada lo tiene claro. En sus centros se educa en libertad, y con la mirada puesta en hacer personas libres, como uno de los valores constitucionales más arraigados en nuestra sociedad y que ahora la Señora Ministra quiere negar. No lo conseguirá.
