El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una partida destinada a servicios sociales municipales y ayuda a domicilio que alcanza 59,7 millones de euros para financiar estas prestaciones a través de ayuntamientos, programa enmarcado en la nueva forma de trabajar con las entidades locales.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha explicado en rueda de prensa que este marco de concertación recoge tres tipos de financiación. Por un lado, un plan concertado con consistorios de más de 3.500 habitantes para pagar a los profesionales –educadores, psicólogos– y para sujetar económicamente proyectos sociales y ayuda a domicilio.
En segundo lugar, se financian también los convenios supramunicipales, financiación de equipos profesionales para pequeños municipios de zonas rurales, siempre por debajo de los 3.500 habitantes.
La ayuda a domicilio cuenta con un marco regulatorio propio, toda vez que se trata del área más importante. De hecho, de esos casi 60 millones de euros, 43 van dirigidos a la ayuda a domicilio.
Esos 43 millones de euros que contempla esta línea de actuación llegarán a 533 convenios con ayuntamientos castellano-manchegos –nueve de ellos se estrenan en este programa–. En 2018 la prestación llegó a casi 21.000 personas a través de 5.300 auxiliares que trabajan en este ámbito en toda la región, y la previsión pasa por mil personas más para este ejercicio.
En total, se podrán dispensar más de 4,5 millones de horas de servicio en materia de ayuda a domicilio, incrementando en más de 300.000 las horas totales gracias a los tres millones de euros adicionales que recibirá este programa.
17 MILLONES PARA EL RESTO DE ACTUACIONES
Los 17 millones restantes van para el Plan Concertado y los convenios supramunicipales. Serán 98 proyectos los subvencionados dentro del Plan Concertado, que contarán con más de un centenar de profesionales dedicados a prestar estos servicios.
Habrá otros 52 convenios enmarcados en los convenios supramunicipales, que incorporarán cinco nuevos equipos técnicos con la contratación de cinco efectivos más.
Esta partida social, «la mayor del Gobierno» según Aurelia Sánchez, servirá para suscribir un total de 683 convenios y facilitará adelantar la actualización de estos acuerdos para su pago en el primer trimestre del año. De esta manera, se pretende dar estabilidad financiera a los consistorios, tal y como ha defendido la consejera.
