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viernes, 15 noviembre
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Reclaman garantías laborales para los alumnos de FP Dual de Castilla-La Mancha

CCOO pide evitar la precariedad y la "segregación" de los aprendices por su expediente

CCOO ha reclamado que se afronten las necesidades de cualificación de los alumnos de Formación Profesional Dual de Castilla-La Mancha y que se garanticen sus condiciones laborales, evitando la precariedad y la «segregación» de los aprendices por su expediente. Además, ha reclamado a la Administración que realice un seguimiento sobre el grado de inserción real de esta modalidad dentro de la formación profesional.

Así lo ha asegurado la secretaria regional de Formación para el Empleo de CCOO, Encarna Sánchez, en una rueda de prensa en la que ha presentado el estudio ‘Impacto de la formación dual en Castilla-La Mancha y mejora de la empleabilidad juvenil’ que consta de 287 encuestas realizadas a empresas y centros educativos del sistema de formación reglada y del sistema de formación para el empleo con un margen de confianza del 95%.

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De dicho estudio se desprende que el 33% de los agentes entrevistados no conocen nada de la FP dual, mientras que el 17% dicen tener suficiente información de este sistema. La media de participación de estos últimos es de cuatro años, con una media de 26 alumnos, de los cuales seis son contratados, lo que supone un 23%.

En el 75% de los casos el modelo formativo se realiza a través de un convenio con empresas y el 7% se hace a través de un contrato de formación y aprendizaje. Además, el 9% de los entrevistados refiere que sus alumnos reciben una beca y de ese porcentaje la media de la cuantía recibida es de 328 euros mensuales.

Además, el 76% de las entidades encuestadas no dan de alta a sus alumnos en la Seguridad Social con independencia de que realicen beca, algo en lo que ha hecho hincapié Encarna Sánchez para reclamar más protección a los aprendices a través de una relación contractual y su alta en la Seguridad Social.

La sindicalista ha avanzado que de las 127.643 empresas que figuran dadas de alta en Castilla-La Mancha, 1.300 participan en FP Dual, lo que supone menos de un 2%. Igualmente, la Junta de Comunidades cuenta con 276 centros donde se imparte FP, con un total de 27.600 alumnos matriculados en FPII y FPIII. De ellos, en torno a 4.000 hacen formación dual, esto es, un 15%.

Asimismo, en la región hay otros 829 centros que imparten formación para el empleo, en los que 13.800 alumnos obtuvieron certificados de profesionalidad. De ellos, 3.100 hicieron FP Dual, un 22,5%.

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Para Encarna Sánchez, estos datos ponen de manifiesto que hay que implementar una adecuada planificación sectorial y territorial en este aspecto y aportar una información más precisa y concreta, dado que se detecta falta de interés tanto por parte de alumnos como de empresas.

Precisamente, ha considerado que dar de alta a los aprendices en la Seguridad Social podría ser un incentivo, aparte de garantizar la protección y salud laboral en su aprendizaje.

También, ha subrayado la necesidad de ser más flexibles en la implantación de estos modelos y, en este punto, ha hablado de «segregación», ya que «los alumnos con mejores expedientes participan más y a largo plazo se pueden producir dos velocidades en la FP».

Análogamente, ha lamentado la ausencia de «datos significativos» en los ámbitos estatal y autonómico para valorar el impacto sobre la empleabilidad de los programas de formación dual y, en ese sentido, ha instado a la Administración a que realice un seguimiento del grado de inserción laboral de este sistema formativo.

Preguntada sobre el nombramiento de Rosana Rodríguez como consejera de Educación, Cultura y Deportes, Sánchez ha confiado en que afronte el diálogo social con «buen talante» para hacer frente a los retos de la FP Dual en Castilla-La Mancha, si bien ha aclarado que todavía no ha tenido ninguna reunión con ella.

Sobre la mesa, ha proseguido, está el III Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha y que el Consejo de Formación Profesional de la región adquiera el «peso necesario» para el diseño y el seguimiento de las políticas en materia de FP.

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