Aún en la lógica e inevitable alarma por los grandes desastres del sanchismo, no debemos pasar por alto cuestiones importantes a las que el ejecutivo socialista no solo no está dando solución, sino que está agravando de manera muy preocupante, ya sea por acción o por omisión. Tal es el caso del desempleo juvenil. España tiene una tasa de desempleo en personas menores de 30 años por encima del 25%, llegando al 33% si lo acotamos a los menores de 25 años. Es el segundo peor dato de toda la Unión Europea, solo superado por Grecia. Decenas de miles de jóvenes de nuestro país no pueden emprender ningún proyecto de emancipación mínimamente estable, generando una frustración tremenda y repercutiendo de manera muy dañina, como es lógico, en los índices de natalidad, que son extremadamente bajos y pueden suponer un riesgo para la garantía futura del sistema de pensiones.
Así las cosas, el pasado 28 de diciembre el Gobierno de España aprobó el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Cabe hacer notar una cuestión no menor a este respecto. Sucede que hay una serie de medidas de fomento del empleo cuya vigencia se activa de manera automática cuando la tasa general de desempleo alcanza o supera el 15%. Entonces y sólo entonces. Y ocurre, asimismo, que el paro registrado en España en el tercer trimestre del año pasado se situó en un 14,5%. Esta leve bajada, por tanto, ha supuesto la eliminación de un plumazo de todos los contratos bonificados dirigidos a incentivar el empleo juvenil y de la ayuda económica de acompañamiento dirigida a insertar a aquellos jóvenes menores de 30 años con niveles formativos bajos con un contrato para la formación, lo que suponía para el trabajador un ingreso adicional al salario de 430 euros mensuales hasta 18 meses.
Podría alegarse que, en todo caso, siempre es motivo de celebración que el paro descienda. Pero lo cierto es que apenas hace dos meses que dicha tasa de desempleo ha bajado de la barrera del 15%, por lo que la reducción no está consolidada y sería previsible que la cifra volviese superar el umbral nuevamente. Una manera de garantizar la seguridad jurídica a empresarios y trabajadores sobre la vigencia de dichas medidas –esa ha sido la preocupación expresada por el Gobierno a modo de excusa- podría haber sido una simple prórroga de las mismas por un periodo de tiempo prudencial que permitiese la consolidación de la tasa de desempleo y la comprobación de la eficacia de algunas de las ayudas derogadas. La situación actual, por tanto, tras este Real Decreto Ley 28/2018, es la casi total derogación de contratos y ayudas para incentivar el empleo juvenil.
Como reclama Ciudadanos, el Gobierno de España debe adoptar con urgencia medidas estructurales, eficaces y consensuadas para combatir la grave lacra del desempleo juvenil, algo que, por cierto, tampoco hicieron Gobiernos anteriores. Por desgracia comprobamos, una vez más, que Pedro Sánchez está más volcado en el disfrute de los privilegios presidenciales y en el pago de sus hipotecas con los separatistas que en la búsqueda de soluciones razonables que resuelvan o, al menos, alivien la complicada situación de casi un millón de jóvenes y de sus familias.
