El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al Decreto que regula el denominado Plan de Empleo por la Igualdad que impulsará la contratación de cerca de mil mujeres en los próximos meses.
De ello han dado cuenta las consejeras de Igualdad y Portavoz y de Economía, Empresas y Empleo, Blanca Fernández y Patricia Franco, respectivamente.
Un plan que, como ha recordado la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, “está destinado a las víctimas de violencia de género y a mujeres que, sin serlo, presenten una situación de vulnerabilidad en el ámbito rural, como pueda ser la baja empleabilidad agravada por la falta de oportunidades”.
Fernández ha resaltado que estas subvenciones tienen como finalidad “avanzar en la construcción de una sociedad libre de violencia de género donde las mujeres sepan que pueden contar con la sociedad y, por ende, con el gobierno, también en la búsqueda de un empleo”. Y es que -ha añadido la portavoz-, “a veces las mujeres que son víctimas de violencia de género ven agravada su situación por falta de independencia económica, de ahí que, facilitando la empleabilidad a mujeres que se encuentran en una situación vulnerable, prevenimos situaciones futuras de violencia que puedan padecer”.
Ahondando en esta idea, Fernández ha asegurado que “la independencia económica en muchas ocasiones en sinónimo de libertad, y queremos que las mujeres y, por tanto, la sociedad quede libre de este grave problema estructural que es la violencia de género. Este solo es un pequeño paso más en la estrategia del Gobierno presidido por Emiliano García-Page para ‘atacar’ la desigualdad que sufren las mujeres desde todos los frentes”.
Ejemplo de transversalidad en políticas de igualdad
Por lo tanto, “este es un ejemplo más de la transversalidad en políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha remarcado la consejera de Igualdad y portavoz.
Indicar que la dotación presupuestaria de este Plan de Empleo específico ascenderá a 5 millones de euros en total provenientes de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una convocatoria que está dotada inicialmente de casi 4 millones y que se ampliará a esos 5 millones cuando se realice el ingreso del 25 por ciento pendiente en el mes de noviembre.
Doble objetivo de inserción social y laboral
Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que el decreto cumple una doble función. Por un lado, incide en el esfuerzo del Ejecutivo autonómico de facilitar la inserción laboral a los colectivos más vulnerables, en este caso las mujeres del ámbito rural; y por otro prioriza a las mujeres víctimas de violencia de género para avanzar en el objetivo de construir una sociedad libre de esta lacra, ya que el acceso normalizado a un puesto de trabajo puede suponer un paso importante para dejar atrás una situación de este tipo a partir de la consecución de la independencia económica de la mujer.
El plan cuenta con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros y la posibilidad de ampliarse hasta los 5 millones y va dirigido a entidades locales, que dispondrán del 84 por ciento del total del presupuesto, 3,3 millones de euros; a empresas, para las que se destina medio millón de euros; y a entidades sin ánimo de lucro, que tendrán a su disposición para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad en el ámbito rural 147.750 euros. La posible ampliación del plan se destinaría íntegramente a las entidades locales.
Patricia Franco ha destacado que el Gobierno regional tiene claro que “la mejor forma de combatir la vulnerabilidad tanto de las víctimas de la violencia de género como de las personas que tienen menos posibilidades en el ámbito rural es precisamente a través del empleo”.
El decreto establece tres líneas de ayudas para la contratación: una, para la formalización de contratos temporales de seis meses de duración destinados a mujeres en situación de especial vulnerabilidad social en el ámbito rural, municipios de menos de 5.000 habitantes; la segunda, con ayudas para la contratación temporal, durante seis meses, de mujeres víctimas de violencia de género, dirigido a todos los municipios de la región sin límite poblacional; y la tercera, para la firma de contratos indefinidos o la transformación de contratos eventuales en indefinidos a mujeres que pertenezcan a los otros dos colectivos, focalizando en el caso de las situaciones de alta vulnerabilidad en los municipios del ámbito rural. En ese supuesto, el del riesgo de exclusión social en el ámbito rural, el límite establecido es de 15 contratos por entidad, cota que no existe en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género.
El decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno, se eleva para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha mañana, por lo que el plazo para la presentación de solicitudes se abrirá el próximo lunes, 4 de noviembre, y será de diez días hábiles, hasta el próximo 15 de noviembre.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el impacto que tendrá el plan en un territorio que cuenta con 845 municipios de menos de 5.000 habitantes, en los que pone el foco la medida, en los que reside prácticamente un tercio de la población total de Castilla-La Mancha; y en un contexto en el que las mujeres representan el 57 por ciento del total de personas desempleadas en la región, siendo alrededor de 90.900 las mujeres desempleadas en Castilla-La Mancha según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Especial sensibilidad
Patricia Franco ha remarcado también la “especial sensibilidad” que el Ejecutivo de García-Page ha mostrado siempre por favorecer la empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y las víctimas de violencia de género, recordando que las convocatorias de las políticas activas de empleo y en medidas como el Cheque Transición o las ayudas al Contrato Joven las cuantías subvencionadas se han incrementado siempre en el caso de que la persona beneficiaria fuera una mujer víctima de violencia de género.
Indicar por último que la concesión de subvenciones enmarcadas en este Plan de Empleo para mujeres tendrá especial consideración en las conocidas como zonas ITI (Inversión Territorial Integrada) y en las zonas prioritarias, donde la cuantía se incrementará en un 20 por ciento.
