El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde por unanimidad al Proyecto de Ley por el cual se modifica la norma en virtud de la cual en 2001 dio origen al Consejo de Formación Profesional de la región, superando así una polémica que arrancaba el pasado 4 de febrero cuando el diputado de Podemos David Llorente se ausentó de la votación del dictamen en la pertinente comisión parlamentaria, permitiendo así que el Grupo Popular colara un total de nueve enmiendas parciales al texto.
Tras este trámite, el Grupo Socialista planteó un total de nueve votos particulares para su debate, uno por cada una de las enmiendas presentadas por los ‘populares’. Finalmente, y en voz de su portavoz parlamentaria, Blanca Fernández, el PSOE ha anunciado que retiraba estos votos particulares.
Seguidamente a este anuncio, el propio David Llorente comprometía su voto favorable al Proyecto de Ley, zanjando así la polémica y enseñando el camino para dar luz verde a un texto que incorpora las nueve enmiendas ‘populares’.
Desde la tribuna, Llorente ha explicado que la formación morada va a permitir la aprobación de la ley porque «no supone ninguna contradicción» con su programa electoral, criterio que su grupo va a mantener «hasta el final de la legislatura».
Dicho esto, ha advertido de que Podemos no va a firmar a nadie «un cheque en blanco» ni va a renunciar a presentar enmiendas cuando considere necesario ni va a aceptar «ningún chantaje ni cacicada parlamentaria».
Tampoco –ha continuado– va a regalar «innecesariamente» al PSOE «ningún pretexto» para bloquear la actividad legislativa en las Cortes.
Asimismo, Llorente se ha referido a la Ley del Estatuto de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha que sí será remitida a las Cortes, y que, según el diputado de Podemos, «desmonta» el discurso «falaz» que ha mantenido el PSOE para justificar «el bloqueo parlamentario».
PP AUGURA QUE CON SU GOBIERNO VOLVERÁ LA «NORMALIDAD»
De su lado, la diputada del PP Claudia Alonso se ha mostrado confiada en que dentro de 94 días las Cortes de Castilla-La Mancha volverán a «la normalidad política» y a solventar los problemas de los ciudadanos.
«Esta es la primera ley que el PP trae a Castilla-La Mancha para mejorar las cuestiones que necesitan que sean mejoradas por parte de todos los castellano-manchegos», ha incidido Alonso.
Ha criticado a PSOE y Podemos por escenificar «el teatro de lo ridículo» y les ha recordado es fuera de esta Cámara donde están los problemas de los ciudadanos, a quienes, ha dicho, no están dando «ningún tipo de respuesta».
El diputado socialista Miguel Ángel González, encargado de defender el dictamen del texto, ha destacado la necesidad de esta reforma porque la Formación Profesional necesita «el impulso» de todos los agente sociales y económicos de la región.
«Ellos son los que conocen de primera mano el mundo laboral y es de sentido que nos marquen las necesidades formativas de los empleos del futuro que tendremos en Castilla-La Mancha», ha afirmado.
FRANCO EXHIBE DATOS DE INSERCIÓN Y FINANCIACIÓN
La consejera de Empleo, Empresas y Economía del Gobierno autonómico, Patricia Franco, ha sido la encargada de poner en marcha el debate para defender esta ley como una medida que quiere avanzar a un nuevo modelo «mejor conectado» y regularizar una Formación Profesional «más dirigido al mundo laboral».
Desde la tribuna, ha defendido que su trabajo desde la Consejería con la Formación Profesional ha ido encaminado a mejorarla «desde el minuto uno».
Como rasgos de esta norma, ha recordado, se prevé impulsar la participación de Castilla-La Mancha en la actualización del catálogo profesional y en los títulos de FP y certificados de profesionalidad.
Con datos del «avance» en FP en este mandato, ha dicho que 117.000 personas se han visto beneficiadas de una inversión cercana a los 230 millones de euros.
Algo que ha valorado como «un giro» con respecto al anterior Gobierno, ya que «se han hecho verdaderos avances para incorporar certificados de profesionalidad que sirvan para la inserción en el mercado laboral».
GRADO DE SATISFACCIÓN
Según ha destacado, el grado de satisfacción de los usuarios de FP es de un 8,89 sobre 10. Además, ha agregado, el grado de inserción de las personas que participan ha alcanzado el 60% transcurridos tres meses de su formación, tasa que llega al 70% en el primer año tras acabar los estudios.
«Hemos hecho esfuerzos para incorporar líneas para la contratación y se han quintuplicado las formaciones con compromiso de contratación», ha defendido la titular de Empleo, quien ha afirmado que el 30% de los beneficiarios del Plan Acredita, 37.000 en total, hayan sido del sector juvenil.
Franco ha sumado a estos datos el «espaldarazo» a contratos de formación y aprendizaje, que han conseguido 2.200 empleos de este tipo, frente a los 35 que se impulsaron en la pasada legislatura.
Un 85% más de plazas para acreditar competencias hasta superar las 9.000, 15 nuevas competencias acreditables y la recuperación de formación en Centros de Referencia de FP han sido otros de los hitos esgrimidos por Patricia Franco dentro de las políticas de formación.
