PSOE y PP han vuelto a rechazar en el pleno de este jueves, el último de la legislatura, la Proposición de Ley de Podemos para elevar la edad mínima para cazar en la región de 14 a 16 años. Ésta es la segunda vez que tumban esta iniciativa de la formación morada, que no consiguió colarla en forma de enmienda en la modificación de la Ley de Caza que se aprobó tan solo hace un año en el Parlamento regional.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, David Llorente, ha vuelto a insistir en la necesidad de elevar esa edad mínima a fin de recudir accidentes, pues ha recordado que al año se producen una treintena de muertes relacionadas con la práctica de la caza, el 30 por ciento de ellos en Castilla-La Mancha.
«Con 14 años no se es persona responsable y los menores no pueden ni conducir ni una moto de menor cilindrada, pero sí pueden manejar un arma de caza, que no es un juguete», ha alertado Llorente, que ha apelado a la responsabilidad de las instituciones para velar y garantizar la protección de los derechos de la infancia.
Nuevamente, ha mostrado su malestar por el hecho de que la «pinza PP-PSOE se escude en el falso argumento de que si se eleva la edad para cazar se amenaza el relevo generacional en la práctica de la caza, cuando en realidad se pliegan a los intereses de este lobby».
«Castilla-La Mancha no es la América de Donald Trump ni se ha elegido a la asociación nacional del rifle para gobernar esta región», ha defendido el diputado por Guadalajara, que ha insistido en que el Estatuto de Autonomía regional otorga al Gobierno regional la competencia de poder elevar dicha edad mínima, sin tener que ajustarse a lo que estipula el reglamento nacional, pues la castellano-manchega es una norma de rango superior.
De igual modo, se ha referido a la sugerencia que el Defensor del Pueblo remitió a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para elevar esa edad mínima, pues considera que existe un «riesgo objetivo» y ante ello debe prevalecer, y la comunidad autónoma garantizar, la protección de su derecho a la vida, a la integridad física y moral. «Es inadmisible que el Gobierno regional se eche al monte y desprecie sugerencias del Defensor del Pueblo a la hora de proteger a los menores en situaciones de riesgo», ha concluido.
LLORENTE HACE OPOSICIÓN A LOS SUYOS
De su lado, la parlamentaria socialista Carmen Torralba ha respondido a Llorente que no tiene sentido que vuelva a traer esta cuestión al Parlamento regional, cuando fue rechazada hace un año y cuando su grupo apoyo la modificación de la Ley de Caza del PSOE. De ahí, que le haya reprochado que lo haga para «hacer oposición a los suyos», en alusión a Podemos.
Según la diputada del PSOE, el Ejecutivo autonómico no tiene ni margen de actuación ni competencia para elevar la edad mínima para cazar en la región. Además, ha añadido que para acceder a las licencias de armas los menores tiene que superar unas pruebas, pues «no se dan licencias al tun-tun».
«La mayoría de la ciudadanía de Castilla-La Mancha no tiene ningún problema» con la reforma de la Ley que el actual Gobierno regional hizo de la ley «antisocial» que aprobó el PP de María de Cosperal, ha dicho Torralba, que ha criticado tanto a Podemos como a PP «de proponer nuevas modificaciones con el único objetivo de cazar votos».
C-LM SÍ TIENE COMPETENCIA
Por último, la parlamentaria del PP María Roldán, a pesar de afear a la izquierda de la región su intención de «torpedear y limitar los derechos de los ciudadanos», como el de la caza, simplemente por el hecho de que no les gusta, se ha referido a Llorente para decirle que «no le engañen ni le vendan la moto», pues son las Cortes regionales las que tienen la competencia de esa edad mínima para cazar.
A pesar de ello, ha dicho que querer elevar la edad mínima para cazar a los 16 años es un «ataque frontal a la caza y al modelo que defendemos de que el hijo salga a cazar desde joven acompañando a su padre», ha dicho Roldán, que ha añadido que los accidentes no son la tónica general en los montes de la región.
Y es que la diputada ‘popular’ ha aprovechado la cuestión de la edad mínima para cazar propuesta por Podemos para atacar a la modificación de caza aprobada por el Gobierno de Emiliano García-Page, quien a su juicio «ha preferido arrodillarse ante cuatro ecologistas que les mantienen en el sillón dejando tirado a un millón de cazadores».
