La declaración de emergencia climática que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes, 24 de septiembre, contendrá 19 medidas de carácter «económico, social y ambiental» que estarán orientadas a «combatir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático». Unas medidas que, según ha explicado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, han sido consensuadas con el Consejo Asesor del Medio Ambiente, un órgano consultivo que, ha explicado, concita «a los actores más relevantes a nivel regional» como son organizaciones ecologistas y de consumidores, agricultores y ganaderos, sindicatos o representantes empresariales.
Sobre el contenido de la declaración, Escudero ha detallado en rueda de prensa que entre las 19 medidas se han incluido algunas como la aprobación en esta legislatura de una ley de cambio climático y otra de economía circular «para cambiar de un modelo de economía lineal a uno circular».
Del mismo modo, ha comentado que en la declaración también se concreta el desarrollo de la Estrategia Regional contra el Cambio Climático Horizonte 2030, aprobada en el pasado mes de enero y que contiene «siete ejes muy concretos» en materias como el transporte y la energía, que contienen hasta 80 medidas al respecto.
La declaración incluye igualmente otras medidas sociales como la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad castellanomanchega o iniciativas energéticas como la transición a un modelo sostenible desde la apuesta por las energías renovables, algo que, ha apuntado, ya se está haciendo «de manera decidida» desde el Gobierno regional.
Finalmente, en el texto aparecerán otros apartados como los destinados al impulso de la agricultura ecológica o del uso sostenible del agua.
En cuanto a los objetivos, José Luis Escudero ha manifestado que con la declaración de emergencia climática de Castilla-La Mancha el Ejecutivo demuestra que no quiere «ponerse de perfil» ante el cambio climático y además ha puesto de relevancia la intención desde el Ejecutivo autonómico de ayudar al cumplimiento de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, que busca limitar el incremento previsto de la temperatura mundial de dos grados centígrados, o la Agenda 2030.
Además, el consejero de Desarrollo Sostenible ha insisto en que esta declaración «no es una medida aislada» sino que se viene a sumar a las políticas ya adoptadas por el Ejecutivo castellanomanchego en la pasada legislatura, recordando en este sentido que «dede 2005 se han disminuido los gases de efecto invernadero un 34 por ciento» gracias a las medidas impulsadas desde la Junta o que en la pasada legislatura se fomentó «de manera decidida» la eficiencia energética a través de iniciativas como las ayudas a la adquisición de vehículos eficientes o la Estrategia Regional de Biomasa que, ha añadido, «ha evitado la emisión de cerca de 2.800 toneladas» de dióxido de carbono.
CRITICAS DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
En cuanto a las críticas de Ecologistas en Acción al documento, que afirmaba que la declaración está «muy lejos de responder a los compromisos que debiera asumir una comunidad como la castellanomanchega», Escudero ha asegurado que desde el Gobierno autonómico se ha querido «hacer partícipe a toda la sociedad regional» a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Así, ha señalado que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page podría «haber adoptado una línea de elaboración similar a la que han hecho los gobiernos autonómicos que la han decretado, que es exclusivamente declarar la emergencia climática de manera unilateral», pero sin embargo ha «recogido las aportaciones» hechas desde el Consejo Asesor.
Asimismo, ha recordado que las organizaciones ecologistas participan en dicho órgano y realizaron aportaciones al texto, que han sido recogidas en el mismo. «Creo honestamente que se trata de la declaración más ambiciosa de las que se han aprobado en este país y para eso hemos contado con las aportaciones de las asociaciones medioambientales», ha concluido.
