El Gobierno central ha comunicado este jueves al Ejecutivo regional su recurso de inconstitucionalidad a la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, según ha adelantado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, que ha incidido en que esa decisión no se refiere ni a la filosofía del texto ni al fondo del mismo.
En una comparecencia ante más de 50 medios de comunicación de la región, García-Page ha señalado que, a tenor del recurso, habrá «quien vea demagogia» en esa decisión del Gobierno de la nación, pero ha recalcado que el recurso «tiene que ver con un aspecto técnico» relacionado con las infraestructuras del Estado «muy concreto» y que «puede llevar a confusión».
De hecho, ha manifestado que la castellano-manchega es de las leyes de caza «más avanzadas de España», y ha avanzado que su Ejecutivo va a poner en marcha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, una «macrocampaña» de información sobre el sector cinegético, «que es clave para Castilla-La Mancha». «No vamos a permitir que haya una contracultura que intente prohibir» aquello que ya está amparado legalmente, ha destacado.
El recurso de inconstitucionalidad se refiere al artículo 8, que se refiere a la responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas. En concreto, reza que «la responsabilidad de la indemnización por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del titular de la infraestructura. Dicho titular será, además, el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños».
VIOLENCIA DE GÉNERO
En este contexto, ha mostrado su preocupación por el hecho de que «haya una tentativa» contra la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha que también el Ejecutivo autonómico va a explicar a la ciudadanía. «Pensé que estaban superados muchos debates», ha manifestado García-Page, cuya intención es «de aquí hasta que sea posible» de forma institucional y electoral explicar este texto.
Será a través de otra «macrocampaña» informativa, en la que se invertirán no menos de un millón de euros, «para que la ciudadanía entienda perfectamente lo que ha supuesto el objetivo y el logro alcanzado» en esta lucha. «No puedo entender que se puedan enseñar unos valores en la educación y se toleren mensajes que como mínimo confunden a la opinión pública».
